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Jue, Jun

Por: Cortesía

Tlaxcala

La ley de transparencia no se ha respetado por 11 estados, entre ellos, Tlaxcala

 

La ley de transparencia exige que cada entidad dentro de nuestro país difunda algunos datos públicos, al menos 11 estados no han actualizado dichos datos a consecuencia de la pandemia, entre ellos el estado de Tlaxcala.

                Los datos oficiales generados por cada estado de manera independiente han tomado mucho mayor importancia desde el inicio de la pandemia, ya que son cruciales tanto para reportar y tener un panorama claro con respecto al área de salud, en cuanto a casos de infectados, recuperados y defunciones, así como para contemplar el impacto de los montos extraordinarios destinados para la atención de la pandemia y así también las estrategias para la búsqueda de la puesta en marcha de todos los sectores.

                Sin embargo, pese a la relevancia de los datos, en específico en las áreas de turismo, salud, pobreza e informalidad que según la ONU son los sectores más afectados por la pandemia en nuestro país, son al menos 11 estados los que no han actualizado su información, algunos incluso desde 2019, a pesar de que la ley de transparencia y acceso a la información dicta que deben actualizarse de manera trimestral.

                Tlaxcala, Aguascalientes, Nayarit y San Luis Potosí son los estados más atrasados, ya que no han publicado datos abiertos desde 2019, de acuerdo a una revisión de los portales de transparencia.

                Una de las causantes de dicha falta de actividad es la pandemia, ya que con la disminución de personal se han dejado de publicar algunas obligaciones, detalló Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, organización a cargo del buen uso de los recursos para la pandemia.

                Para mediados de abril se tienen registrados más de 636 mil millones de pesos para atención a la pandemia, de los cuales únicamente 13,800 millones se asocian a estados, mientras que el resto se asigna a gobierno federal, sin embargo, se cree que existe más recurso utilizado de manera estatal sin haber sido auditado.

 

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