La SSC de Tlaxcala en la mira nacional; titular en la nómina del crímen organizado

El documento, cuya existencia fue revelada por el espacio informativo de Imagen Noticias, detallaría una compleja red de pagos sistemáticos realizados por un operador identificado como Abraham Jesús Ambriz Cano, alias “El Yogurt”, en la que figuran conceptos explícitos bajo el rótulo de “Estatal de Tlaxcala”, sugiriendo la posible cooptación de elementos de la policía estatal por parte de organizaciones del crimen organizado.

De acuerdo con el material exhibido en medios nacionales, el registro contable desglosa erogaciones semanales que ascienden a casi un millón de pesos, específicamente 978 mil pesos, destinados a una estructura operativa en territorio tlaxcalteca. 

En la lista aparecen referencias a pagos para dos presuntos comandantes, 38 elementos denominados "de tropa" y un grupo de 40 personas identificadas como "muchachos", además de partidas presupuestales para gastos de gasolina y alimentación. 

Los mismos reportes han vinculado de manera colateral el nombre de Alberto Martín Perea Marrufo con el contexto del hallazgo, aunque las autoridades judiciales aún no han emitido una confirmación oficial sobre su situación jurídica o el grado de implicación directa en estas investigaciones.

Ante la gravedad de los señalamientos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala emitió un deslinde categórico, rechazando cualquier vínculo entre sus integrantes y estructuras delictivas. 

La dependencia defendió la integridad de su personal al asegurar que la totalidad de los elementos operativos cuentan con exámenes de control de confianza vigentes y que sus actuaciones se rigen estrictamente por los principios de legalidad y profesionalismo. 

No obstante, el organismo manifestó su plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en las indagatorias necesarias para verificar la autenticidad de los documentos y determinar si los registros corresponden a un esquema de protección real o si forman parte de una estrategia de desinformación.

Mientras la veracidad de la libreta continúa bajo análisis pericial, el caso ha desatado un intenso debate sobre la transparencia institucional y la efectividad de los mecanismos de depuración policial en la entidad. 

La filtración sugiere no solo el pago a mandos y tropa, sino también la operación de actores externos, como ciudadanos extranjeros, dentro de la misma estructura de financiamiento.

Hasta el momento, el gobierno estatal se mantiene a la expectativa de los avances en las investigaciones federales, que serán determinantes para esclarecer si la seguridad de los tlaxcaltecas se encuentra comprometida por intereses ajenos al orden público.

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