Tlaxcala, Tlax.- El Poder Judicial del estado de Tlaxcala arrancó el 2026 con un paquete de licitaciones públicas nacionales de carácter urgente, diseñadas para contratar desde consumibles básicos hasta servicios estratégicos como seguridad privada, todo con cargo al presupuesto vigente. La convocatoria múltiple, publicada el 2 de enero en el Periódico Oficial Extraordinario, dejó claro que los tiempos serían apretados: solo cuatro días hábiles para la venta de bases y fallos programados antes de que termine el mes.
En total, se abrieron al menos siete licitaciones, lo que de entrada encendió alertas por la rapidez del proceso. Para muchos proveedores, especialmente locales, este tipo de calendarios no solo complica la participación, sino que reduce de forma real la competencia, un principio básico en el uso de recursos públicos.
Tiempos cortos, costos altos y competencia limitada
Las licitaciones incluyen consumibles de cómputo, papelería, material de limpieza, servicios de impresión, jardinería, agua purificada y seguridad y vigilancia. Aunque en el papel el procedimiento se sustenta en el artículo 134 constitucional y en la Ley de Adquisiciones del estado, también se cita una norma presupuestal que ya no está vigente, lo que suma ruido al proceso.
Además, las empresas interesadas deben pagar 2 mil 800 pesos por cada licitación solo para acceder a las bases. En la práctica, esto significa que los proveedores tienen que enterarse casi de inmediato, reunir documentación técnica y económica completa y cubrir el costo, todo en cuestión de días. El margen es mínimo y favorece a quienes ya estaban enterados o participan de forma recurrente, dejando en desventaja a nuevos competidores.
Seguridad privada y percepción de opacidad
El caso que más llama la atención es el de la licitación del servicio de seguridad y vigilancia. Se trata de un rubro sensible, tanto por su impacto presupuestal como por la responsabilidad que implica. Sin embargo, el proceso se desarrolla en menos de tres semanas entre publicación y fallo, un plazo que resulta corto para un servicio que debería analizarse a fondo.
La convocatoria señala que ninguna condición será negociable, que todo se llevará a cabo en instalaciones del propio Poder Judicial y que se excluirá a quienes caigan en los supuestos legales. Aun así, la percepción de opacidad preventiva persiste, especialmente porque no hay un debate público amplio sobre costos, perfiles del personal ni mecanismos de supervisión.
Este paquete de licitaciones exprés, encabezado por el presidente del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez George, deja más preguntas que respuestas y reaviva la discusión sobre planeación, transparencia y uso responsable del dinero público en Tlaxcala.
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