Tlaxcala, Tlax.- La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó una iniciativa para modificar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el objetivo de adelantar la revisión y dictaminación de cuentas públicas en años de cambio de administración.
La propuesta plantea que los estados financieros correspondientes a los primeros dos trimestres del último año de gobierno puedan revisarse antes de que concluyan los mandatos estatales y municipales, lo que modificaría los tiempos actuales del proceso legislativo y técnico en materia de fiscalización.
Reforma a cuentas públicas en Tlaxcala busca agilizar fiscalización
La iniciativa ya fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, además de Finanzas y Fiscalización del Congreso local.
De acuerdo con el documento enviado por el Poder Ejecutivo, la intención es fortalecer la fiscalización superior y permitir que el Congreso del estado cuente con información técnica anticipada durante los años de renovación de poderes.
La mandataria estatal argumentó que la medida no modifica los plazos constitucionales máximos para dictaminar cuentas públicas, sino que adelanta la entrega de informes técnicos elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
“La propuesta busca optimizar el desarrollo de los trabajos parlamentarios y fortalecer las atribuciones constitucionales del Congreso en materia de revisión de cuentas públicas”, expone la iniciativa.
Cambiarían fechas de entrega y solventación
Actualmente, la Constitución local establece que la dictaminación de cuentas públicas debe concluir a más tardar el 31 de agosto posterior al ejercicio fiscal correspondiente.
Sin embargo, cuando hay renovación del Poder Ejecutivo y de ayuntamientos, existe un régimen especial que permite ampliar la revisión de los dos primeros trimestres hasta diciembre.
Con la reforma propuesta, el OFS tendría que entregar al Congreso los informes individuales de auditoría correspondientes al primer y segundo trimestre antes del 18 de agosto en años de renovación del Ejecutivo y Legislativo. Para los municipios, la fecha límite sería el 1 de octubre.
Además, las observaciones derivadas de auditorías tendrían nuevos tiempos de notificación y respuesta.
El Congreso tendría agosto para dictaminar
Uno de los cambios centrales establece que las cédulas de resultados deberán notificarse antes del 20 de julio. Posteriormente, los entes fiscalizados tendrían un plazo improrrogable de 10 días naturales para solventar observaciones.
Con ello, el Congreso local podría utilizar agosto para revisar y dictaminar los estados financieros antes de la conclusión de la actual Legislatura.
El tema cobra relevancia porque la iniciativa podría discutirse en el pleno durante la última sesión del periodo ordinario, antes del receso legislativo de tres meses.
La iniciativa también plantea digitalización documental
Otro de los puntos relevantes de la reforma tiene que ver con la digitalización de documentos relacionados con las cuentas públicas municipales.
Según el proyecto, el aumento en el volumen documental ha generado la necesidad de modernizar los mecanismos de revisión y agilizar los procesos de fiscalización.
Por ello, se propone que toda la documentación comprobatoria y justificativa sea presentada también en formato digitalizado y con firma autógrafa de presidentes municipales, síndicos, tesoreros y directores de obras.
La iniciativa aclara que esta digitalización no sustituye responsabilidades legales de los servidores públicos, sino que busca fortalecer los mecanismos institucionales de verificación y transparencia.
Buscan fortalecer transparencia y rendición de cuentas
En la exposición de motivos, la gobernadora sostiene que las modificaciones contribuirán a consolidar un modelo de fiscalización más ordenado y eficiente.
Además, señala que el objetivo es mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la transparencia en el manejo de recursos públicos tanto del estado como de los municipios.
Por ahora, el proyecto permanece en análisis dentro de las comisiones legislativas, donde deberá discutirse antes de una eventual votación en el pleno del Congreso de Tlaxcala.
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