Madre clama justicia ante presunta red de encubrimiento tras la muerte de su hijo en Texóloc

A meses del suceso, la madre del menor sostiene que el acceso a la justicia le ha sido vedado mediante una investigación ministerial que avanza con sospechosa lentitud y que, sistemáticamente, le niega copias certificadas del expediente, manteniéndola en una incertidumbre absoluta sobre el proceso legal. 

Según el testimonio de Reyes Frayre, la actuación de las autoridades ministeriales y la policía municipal de Texóloc ha estado marcada por inconsistencias, reportes con datos erróneos y versiones contradictorias que parecen obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

El caso de José Matías es, en palabras de su madre, una crónica de abuso laboral, el menor había ingresado a laborar en la empacadora bajo el argumento de que realizaría únicamente labores de riego; no obstante, con apenas una semana de antigüedad y sin la experiencia necesaria, fue destinado a operar maquinaria de alto riesgo para la fabricación de pacas de zacate, actividad que derivó en la tragedia.

Reyes Frayre señala directamente a Andrés Tepa, propietario del establecimiento, de quien afirma no haber recibido respuesta alguna, denunciando además que los responsables del negocio evaden sus responsabilidades y, presuntamente, han intentado comprar el silencio de los trabajadores mediante ofrecimientos económicos para que eviten declarar sobre la mecánica del accidente.

La gravedad de la denuncia alcanza también a una abogada identificada como Nancy, a quien la madre acusa de haberla inducido al engaño al solicitarle su firma en documentos bajo el pretexto de facilitar la entrega del cuerpo de su hijo; papeles que, en realidad, constituían un deslinde de responsabilidades y la renuncia a emprender acciones legales contra los involucrados. 

A este escenario de vulneración se suma la denuncia por la difusión indebida y cruel de imágenes del cuerpo del menor, capturadas supuestamente por policías presentes en el sitio y utilizadas posteriormente para crear contenido revictimizante en redes sociales.

La situación de Ángeles Dariela se ha agravado al punto de enfrentar un desalojo forzado de su vivienda, un hecho que atribuye a presiones derivadas de su exigencia pública de justicia.

La madre de familia asegura que la empacadora cuenta con un historial de accidentes previos y señala la existencia de posibles vínculos políticos que estarían blindando a los responsables para evitar el peso de la ley. 

Ante este panorama, Reyes Frayre ha apelado desesperadamente a las autoridades estatales, a los organismos de derechos humanos y a la sociedad civil para que intervengan, garanticen la transparencia en el proceso, protejan la integridad de sus otros tres hijos menores y, finalmente, se haga justicia por la memoria de José Matías.

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