Tlaxcala, Tlax., -La firma del Acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México fue calificada como un paso trascendental para blindar la soberanía alimentaria del país y otorgar certidumbre jurídica y económica a miles de productores agrícolas, particularmente a las familias campesinas del estado de Tlaxcala.
Así lo manifestó la senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera, quien destacó que este mecanismo representa un avance indispensable para revertir décadas de abandono e incertidumbre institucional en el sector agropecuario nacional.
Al reconocer la política de diálogo impulsada por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la legisladora subrayó el acierto de integrar en un mismo esfuerzo transversal a productores, comercializadores, representantes de la industria y autoridades federales.
Esta coordinación multisectorial busca proteger de manera directa la producción nativa de maíz blanco y estabilizar los precios en el mercado interno, contrarrestando las afectaciones históricas que han sufrido los pequeños y medianos productores debido a la falta de regulación en las cadenas productivas.
En el contexto regional, Rivera Rivera enfatizó que el maíz constituye el eje central de la economía rural, las tradiciones y el tejido comunitario de Tlaxcala, por lo que resulta prioritario mantener canales abiertos de comunicación con los trabajadores de la tierra.
Desde esta perspectiva, la construcción de políticas públicas con justicia social debe incorporar herramientas estratégicas como el desarrollo de un padrón integral de productores y el diseño de esquemas de protección financiera ante posibles contingencias climáticas o fluctuaciones drásticas en los precios internacionales, asegurando con ello el sustento de las familias del campo.
Finalmente, la senadora reiteró el valor del trabajo comunitario y la urgencia de defender la capacidad productiva de la nación frente a presiones o intereses externos.
Concluyó bajo la premisa de que la soberanía nacional se encuentra estrechamente ligada a la autosuficiencia alimentaria, un derecho que solo puede garantizarse mediante la protección activa y la dignificación de quienes producen el sustento diario de las y los mexicanos.
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