Tlaxcala, Tlax.- El Albergue La Sagrada Familia (Asafam) encendió las alertas sobre la situación que vive la niñez migrante en Tlaxcala, al revelar cifras que preocupan. Entre 2021 y 2023, más de 3 mil 300 niñas, niños y adolescentes fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado. De ese total, cerca de 2 mil fueron canalizados al Sistema Estatal DIF (Sedif) y más de mil 100 recibieron atención directa en este albergue.
En el marco del Día Internacional del Migrante, Asafam subrayó que, aunque las políticas de contención se han endurecido a nivel nacional, Tlaxcala sigue siendo un territorio de tránsito y, en muchos casos, de estancia. Por eso, insistió en que las respuestas institucionales deben enfocarse en la protección de derechos humanos, no en la criminalización de las personas migrantes, especialmente cuando se trata de familias y menores de edad.
Caminos más peligrosos y violencia constante para familias migrantes
La presencia de familias migrantes en Tlaxcala no es algo aislado. Ante la falta de rutas seguras y la presencia de retenes migratorios, muchas personas son empujadas a caminos clandestinos, lo que incrementa su exposición a violencias, accidentes y al crimen organizado. El propio albergue documentó al menos 623 posibles delitos, relacionados con trata, tráfico de personas, discriminación, hambre y frío.
Además, existe una fuerte opacidad sobre el debido proceso tras las detenciones. Persisten dudas sobre cómo se garantiza el acceso real al refugio, la reparación del daño y, sobre todo, el respeto a la unidad familiar. La pregunta es directa: ¿cómo se protege realmente el interés superior de la niñez?
Retornos asistidos, poca transparencia y el reto de cambiar el enfoque
Los datos muestran una tendencia clara: entre 2021 y 2023, más del 87 por ciento de los NNA fueron devueltos a sus países, mientras que solo alrededor del uno por ciento logró el reconocimiento como persona refugiada, aun cuando muchos provienen de contextos de violencia extrema. Esto deja ver una política de contención disfrazada de protección, con poca claridad en criterios técnicos y participación real de los menores.
A esto se suma la falta de diagnósticos locales, el desconocimiento del marco jurídico, la ausencia de alternativas a la detención migratoria y una coordinación institucional insuficiente. Aunque la CEDH ha realizado acciones de sensibilización, no hay evidencia clara de su impacto ni de una supervisión sólida en operativos y albergues.
Asafam fue claro: pasar de la contención a la integración es urgente. Esto implica programas de inserción laboral, acceso a vivienda sin discriminación, prevención de la violencia de género y derechos básicos garantizados sin importar el estatus migratorio. Proteger a la niñez y a las familias migrantes no es opcional, es una obligación legal y ética para construir paz y cohesión social en Tlaxcala.
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