Hasta ahora, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), informa que no se han identificado, en los registros de candidaturas a diputaciones, personas con antecedentes de agresión sexual, deudores alimentarios o culpables de violencia de género, en cumplimiento con la recién implementada "Ley 3 de 3 contra la violencia".
El consejero presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, explicó que aunque no existe un Padrón Público de Deudores Alimentarios, se ha realizado un cruce de información con el Poder Judicial de Tlaxcala para garantizar que cada aspirante esté excluido de los supuestos contemplados en la reciente modificación al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este proceso de verificación se ha aplicado tanto para los candidatos a diputaciones como para los integrantes de los Consejos Distritales, en distintas etapas según lo convenido en un acuerdo suscrito con el Tribunal el año pasado.
Ávila González subrayó que tras el análisis de los nombres propuestos por los partidos políticos, no se ha encontrado a ninguna persona con historial de violencia, ya que de ser así, se procedería a negar su registro.
Asimismo, mencionó que esta metodología se aplicará también para los registros de ayuntamientos y presidencias de comunidad en un tercer corte, que será considerado al momento de elaborar los acuerdos de procedencia de candidaturas. Esta dinámica continuará incluso después del 2 de junio.
El ITE realiza esta labor de revisión en concordancia con las disposiciones federales, después de que el Congreso del Estado aprobara una adición a la Constitución Política local, la cual prohíbe que personas con antecedentes de agresión por violencia familiar, sexual, contra las mujeres o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, formen parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos.
Sin embargo, esta nueva disposición entrará en vigor hasta el 1 de septiembre de 2024, ya que los diputados locales decidieron postergar su aplicación para futuros procesos electorales, al no haberse concretado las enmiendas 90 días antes del inicio del proceso electoral.
