Tlaxcala.- De enero de 2023 a junio de 2024, ocho personas originarias de Tlaxcala han sido detenidas por el delito de trata de personas, mientras que se han identificado a 14 mujeres víctimas de esta práctica, según datos obtenidos por el Centro Fray Julián Garcés a través de solicitudes de acceso a la información pública. La organización rechazó categóricamente cualquier intento de minimizar o negar la existencia de este delito en la entidad.
En el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes del Centro señalaron que la trata de personas sigue siendo una problemática grave que afecta a niñas, jóvenes y mujeres en Tlaxcala, en medio de prejuicios y estereotipos que culpan a las víctimas. Destacaron que, aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reporta oficialmente víctimas de trata en la entidad, esto no significa que el delito no exista.
Datos alarmantes en Tlaxcala
De los tratantes detenidos, cuatro casos provienen de San Pablo del Monte, tres de Tenancingo y uno de Tepeyanco. En cuanto a las víctimas, tres son originarias del municipio de Tlaxcala, mientras que San Luis Teolocholco, Mazatecochco, Zacatelco y Tenancingo registran un caso cada uno. También se identificaron víctimas provenientes de Puebla (cinco casos) y Tabasco (dos casos). Durante 2023, únicamente se abrieron cuatro carpetas de investigación relacionadas con este delito.
Crítica a las declaraciones oficiales
El Centro Fray Julián Garcés criticó las declaraciones del secretario de Gobierno de Tlaxcala, quien el pasado 4 de agosto afirmó que en la actual administración "no hay una situación determinante con el delito de trata." La organización calificó estas afirmaciones como una negación del problema, subrayando que los datos obtenidos a través de transparencia evidencian que el delito persiste y, en algunos casos, va en aumento debido a la falta de acción gubernamental.
Exigencias al gobierno y legisladores
La ONG instó al gobierno estatal y a los tres niveles de gobierno a implementar medidas concretas para combatir la trata de personas. Entre sus exigencias destacan:
- Campañas de sensibilización en escuelas: Incorporar acciones educativas para que estudiantes, docentes y personal administrativo comprendan la gravedad del problema.
- Presupuesto claro y suficiente: Destinar recursos en el Presupuesto de Egresos para 2025 que garanticen la operación efectiva del Programa Estatal contra la Trata de Personas.
- Regulación de establecimientos: Solicitar a las nuevas administraciones municipales que no autoricen la renovación de licencias a bares, moteles, auto-hoteles y otros giros que puedan facilitar este delito.
El Centro Fray Julián Garcés enfatizó que el combate a la trata de personas requiere una acción conjunta y sostenida entre autoridades, instituciones educativas y la sociedad, subrayando que la negación o minimización del problema sólo perpetúa la violencia hacia las mujeres y niñas.
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