Tlaxcala - El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha acumulado desde 2017 un total de 180 denuncias por malos manejos de recursos públicos de exautoridades, informó Arturo Salas Miguela, titular del organismo técnico del Congreso del Estado. De estas denuncias, 150 son de carácter penal y aproximadamente 30 son administrativas, derivadas principalmente de ayuntamientos, aunque también involucran a algunas dependencias y órganos autónomos.
Durante la entrega de los informes individuales correspondientes a 2024 al Poder Legislativo, Salas Miguela explicó que las denuncias han sido presentadas tanto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Aunque el proceso de judicialización de las carpetas de investigación es lento, debido a la naturaleza de los delitos y la carga de trabajo de las instancias involucradas, el auditor aseguró que se están siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.
"No es un proceso rápido porque se abren periodos que permiten a los entes defenderse," comentó Salas Miguela, refiriéndose al tiempo que llevan los procedimientos para desahogar pruebas y avanzar en las investigaciones. A pesar de los tiempos prolongados, reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades para proporcionar la información técnica que se requiera.
La mayoría de las denuncias involucran a presidentes municipales y tesoreros, quienes son los responsables directos del manejo de los recursos públicos. "Cuando son denuncias por mal manejo financiero, normalmente están involucrados el presidente y el tesorero," detalló el auditor, quien también mencionó que, en casos de obras públicas, se incluyen al presidente y al director de obras.
Entre los exalcaldes vinculados a proceso por presunto peculado se encuentran los de Chiautempan, Zacatelco, Panotla, Calpulalpan y Xaloztoc. Mientras algunos de ellos enfrentan su proceso en libertad, otros han estado en prisión mientras aclaran su situación judicial. Hildeberto N., exalcalde de Zacatelco, es el único que fue detenido mientras aún estaba en funciones; los demás ya habían dejado sus cargos al momento de ser vinculados.
Estas denuncias reflejan la continua labor del OFS por supervisar y exigir la rendición de cuentas a las autoridades locales y estatales en su gestión de los recursos públicos.
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