Tlaxacla, Tlax.- El titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala, Arturo Lucio Salas Miguela, fue claro: la corrupción sigue siendo un problema estructural que no distingue entre sector público y particulares.
Lejos de discursos triunfalistas, el funcionario reconoció que erradicarla por completo es complicado, pero insistió en que sí se pueden reducir las malas prácticas si se cierran los espacios donde suele aparecer.
Desde su llegada al frente del OFS, dijo, la prioridad ha sido disminuir la discrecionalidad, fortalecer los controles internos y actuar cuando se detectan irregularidades. Prueba de ello es que 12 trabajadores han sido dados de baja en los últimos dos años por conductas no apropiadas vinculadas a presuntos actos de corrupción. Para Salas Miguela, el combate debe empezar desde casa, porque una fiscalización sin credibilidad simplemente no funciona.
Auditorías más técnicas y procesos alineados a la ley
El funcionario explicó que todas estas acciones están respaldadas por el mandato constitucional y por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala. Bajo ese marco, el OFS ha implementado nuevos procedimientos para garantizar auditorías objetivas, imparciales y técnicas, principios que —dijo— no son negociables.
Uno de los cambios más importantes ha sido la digitalización de la cuenta pública, puesta en marcha en 2025. Con ello, se busca reducir el manejo de documentos físicos y, sobre todo, limitar el contacto directo entre servidores públicos y entes fiscalizables, un punto donde históricamente se han dado prácticas indebidas. En palabras del propio titular, cuando los procesos son digitales, la corrupción se vuelve más difícil.
Digitalización, retos municipales y sanciones internas
La modernización no se queda solo en expedientes digitales. El OFS trabaja en un proyecto más amplio que incluye la creación de un buzón digital de fiscalización, que permitirá recibir y auditar información de manera remota. Para lograrlo, ya se prepara una propuesta de reforma a la ley, con el fin de que estas herramientas queden formalmente integradas al marco normativo.
Salas Miguela reconoció que la transición no ha sido sencilla, especialmente para los municipios más grandes de Tlaxcala, que deben digitalizar grandes volúmenes de información. Aun así, consideró que es un paso inevitable si se quiere avanzar en transparencia y rendición de cuentas reales.
Finalmente, reiteró que el OFS ha actuado con firmeza cuando se detectan irregularidades internas. Los despidos no son un mensaje político, sino una señal de que la ley se aplica, incluso dentro del propio órgano. Porque, insistió, la fiscalización debe servir a la sociedad; de lo contrario, pierde todo su sentido.
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