Tlaxcala, Tlax.- Diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos levantaron la voz en Tlaxcala para exigir al Estado el cese inmediato de actos y discursos de violencia provenientes de iglesias, ministros de culto y plataformas antiderechos. El reclamo no es menor: las agresiones verbales, amenazas y campañas de hostigamiento van dirigidas contra activistas y colectivas que trabajan a favor de la despenalización del aborto y del derecho a decidir en la entidad.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, GIRE y Ddeser, quienes emitieron un comunicado urgente ante el aumento de expresiones de odio. Señalan que estos mensajes no solo estigmatizan, sino que ponen en riesgo la vida, integridad y seguridad de las defensoras.
El fallo de la SCJN y el aumento de hostigamientos
Las organizaciones explicaron que el clima de violencia se intensificó tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 2 de diciembre, relacionada con la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024, mediante la cual se invalidó el artículo 242 del Código Penal de Tlaxcala que criminalizaba el aborto autoprocurado y consentido, así como disposiciones de la Ley de Salud estatal.
A partir de este fallo, defensoras han denunciado amenazas, hostigamiento y criminalización, principalmente desde grupos que promueven discursos antiderechos, como “40 días por la vida”, conocidos por realizar protestas frecuentes frente al Congreso local y el Palacio de Gobierno. Además, se alertó sobre la reproducción de ideologías estigmatizantes, donde se señala a las activistas como “promotoras de la muerte”, una narrativa que fomenta la discriminación y la violencia simbólica.
Laicidad del Estado y acceso al aborto seguro
Las organizaciones subrayaron que este contexto viola el principio de laicidad del Estado, establecido en la Constitución, el cual prohíbe que las políticas públicas se basen en dogmas religiosos. Por ello, hicieron un llamado a autoridades, iglesias y sociedad en general para dejar de replicar discursos que atentan contra el derecho a una vida libre de violencia.
Citaron también el Informe 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte que quienes defienden los derechos de las mujeres y la igualdad de género enfrentan riesgos agravados de violencia y criminalización. Ante ello, exigieron el seguimiento puntual a las denuncias, investigaciones imparciales y protección efectiva para las activistas.
Finalmente, reconocieron la labor de la SCJN y exhortaron a las autoridades locales a garantizar el acceso a servicios de aborto seguro en Tlaxcala, conforme a los estándares de la OMS y al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México. La exigencia es clara: derechos reconocidos en la ley deben cumplirse en la práctica.
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