Padres de familia frenan construcción de viviendas en Terrenate

Desde primeras horas del día, los manifestantes bloquearon el paso de la maquinaria pesada y exigieron al alcalde Filogonio Palafox una explicación por haber autorizado los permisos sin consultar a la comunidad escolar ni al ejido.

Acusan irregularidades en tierras escolares

Los padres aseguraron que el terreno en disputa pertenece a la escuela desde 1980, cuando fue donado por la comunidad y trabajado durante décadas por generaciones de estudiantes.
Denunciaron que las 29 hectáreas sembradas con avena podrían ser expropiadas por el gobierno federal, poniendo en riesgo un espacio educativo y productivo.

“Estas tierras no están en venta ni deben ser expropiadas”, afirmaron los inconformes.

Piden intervención de autoridades federales

Los manifestantes solicitaron la intervención del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), para revisar la legalidad de los permisos otorgados. También exigieron la participación del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, para evitar un conflicto mayor en el municipio.

Asimismo, demandaron a Quetzalli Hernández González, directora regional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), escuchar la voz de la comunidad antes de continuar con el proyecto.

El conflicto del programa “Vivienda para el Bienestar”

El proyecto forma parte del programa federal “Vivienda para el Bienestar”, que busca construir mil casas en Terrenate para familias en situación de vulnerabilidad. Inicialmente, la obra se desarrollaría en Santa Cruz Tlaxcala, pero fue trasladada por motivos logísticos.

Las viviendas proyectadas son de 60 m², con tres recámaras, baño, sala-comedor y área de lavado, distribuidas en edificios de tres a cuatro niveles con áreas comunes y jardines.

Acuerdo y próximos pasos

Tras la manifestación, se acordó que el próximo jueves una comisión integrada por padres de familia, autoridades municipales y ejidales acudirá a las oficinas centrales de Fifonafe en la Ciudad de México.

El objetivo será exponer los argumentos sobre la posesión y uso de las tierras escolares, y buscar una solución que respete los derechos de la comunidad educativa sin frenar la atención a las familias que requieren vivienda.