Tlaxcala, Tlax.- El Congreso del estado de Tlaxcala podría enfrentar uno de sus mayores desafíos presupuestales de los últimos años si se aprueba la iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B.
De acuerdo con el presidente del Comité de Administración, Vicente Morales Pérez, el Poder Legislativo local sufriría un recorte superior a los 292 millones de pesos, lo que obligaría a replantear su funcionamiento interno.
Aunque reconoció que el impacto sería fuerte, el legislador adelantó que la bancada de Morena en la LXV Legislatura respaldará esta propuesta, al considerar que no solo busca reducir gastos, sino también eliminar privilegios y fortalecer mecanismos democráticos como la revocación de mandato.
“El gran reto será mantener el funcionamiento normal del Congreso y garantizar que los diputados sigan legislando, fiscalizando y gestionando”, sostuvo Morales Pérez.
Salarios, prestaciones y operación: los rubros que pondrán presión
El diputado explicó que la operación del Congreso no es sencilla ni barata. Cada año se destinan al menos 170 millones de pesos al pago de salarios, monto que incluye a diputados, personal de base y trabajadores de confianza. A esto se suman prestaciones laborales, medicamentos y otros compromisos administrativos, así como 30 millones de pesos adicionales para papelería, insumos y consumibles.
En términos prácticos, tan solo esos conceptos ya representan alrededor de 200 millones de pesos, lo que deja claro que un recorte de esta magnitud no sería menor y obligaría a revisar cuidadosamente qué áreas podrían ajustarse sin frenar la labor legislativa.
Morales Pérez dejó claro que el análisis deberá ser profundo, ya que el impacto no se limita únicamente al Congreso, sino que también alcanzaría a otras instituciones y estructuras de gobierno en Tlaxcala.
Plan B también movería la estructura de ayuntamientos en Tlaxcala
Otro punto que ha llamado la atención es que la reforma también contempla cambios en la integración de los ayuntamientos, algo que en Tlaxcala podría modificar de manera importante la representación municipal. Actualmente, en los municipios del estado hay un síndico y hasta siete regidores como máximo, pero la propuesta federal plantea un esquema de mínimo siete y máximo 15 regidores.
Esto abriría un nuevo debate sobre la reorganización política local, especialmente por el costo y la operatividad que implicaría en los cabildos. Para 2026, el Congreso de Tlaxcala opera con un presupuesto de 503 millones 506 mil 250 pesos, de los cuales 95 millones corresponden al Órgano de Fiscalización Superior (OFS). Si el Plan B avanza en el Congreso de la Unión y logra el respaldo de al menos 17 congresos locales, el Legislativo tlaxcalteca tendría que adaptarse a una nueva realidad financiera y política.
Tlaxcala está ante una reforma que no solo recorta recursos, sino que también podría redibujar el mapa del poder local.
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