Tlaxcala, Tlax.- Tlaxcala podría enfrentar una de las transformaciones políticas y presupuestales más importantes de los últimos años si avanza la propuesta presidencial de reforma constitucional conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La iniciativa, enviada al Senado, busca reducir privilegios en los congresos locales y fortalecer mecanismos como la revocación de mandato, pero en el caso tlaxcalteca tendría dos efectos muy claros: un fuerte recorte al presupuesto del Poder Legislativo y un aumento obligatorio en el número de regidurías dentro de los ayuntamientos.
De aprobarse la enmienda, el Congreso de Tlaxcala tendría que ajustar drásticamente su gasto para 2027, ya que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podría rebasar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal. En pocas palabras, se trata de una medida que cambiaría por completo la forma en que hoy operan los congresos estatales.
El Congreso de Tlaxcala tendría que apretarse el cinturón con un recorte millonario
Actualmente, el Presupuesto de Egresos 2026 de Tlaxcala contempla para el Poder Legislativo 503 millones 506 mil 250 pesos, una cifra que representa 1.6 por ciento del gasto total del estado, estimado en 30 mil 86 millones 79 mil 28 pesos.
Sin embargo, con la reforma propuesta, el Congreso local solo podría acceder a 210 millones 602 mil 553.1 pesos, es decir, 292 millones 903 mil 696.81 pesos menos respecto al monto aprobado para este año. Esto significaría un recorte cercano al 60 por ciento, una reducción que pondría presión directa sobre la operación legislativa.
Entre los rubros que hoy absorben una parte importante del presupuesto están:
- 95 millones 81 mil 127 pesos para el Órgano de Fiscalización Superior (OFS)
- 95 millones 212 mil 800 pesos para ayudas sociales o gestión social
Si el esquema actual se mantuviera, a los diputados les quedarían apenas alrededor de 20 millones de pesos para cubrir salarios, prestaciones del personal y gastos operativos, lo que abre la puerta a un fuerte debate sobre cómo se redistribuiría el gasto interno del Congreso.
La reforma también obligaría a crear 70 nuevas regidurías en los municipios
El otro impacto importante estaría en los cabildos de los 60 municipios de Tlaxcala. La propuesta presidencial plantea que todos los ayuntamientos del país estén integrados por al menos siete regidores y hasta 15, además de la presidencia municipal y la sindicatura.
Hoy, en Tlaxcala, solo 13 municipios cuentan con siete regidores, mientras que el resto opera con cinco o seis, según su número de habitantes. Por eso, si la reforma avanza, sería obligatorio crear 70 nuevas regidurías, pasando de 350 regidores actuales a 420 en toda la entidad.
Esto impactaría de forma directa a 47 municipios, que tendrían que sumar una o dos regidurías adicionales. En términos prácticos, las comunas tendrían mayor representación popular, pero también surgiría la discusión sobre el costo administrativo y político de ampliar los cabildos.
En resumen, el Plan B no solo tocaría el bolsillo del Congreso de Tlaxcala, sino también reconfiguraría la representación municipal rumbo a las elecciones de 2027, perfilándose como una reforma que podría cambiar el equilibrio político en todo el estado.
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