Tlaxcala, Tlax.,— El abogado Carlos David Robles Figueroa, conocido en el ámbito legal como “El Brou”, anunció formalmente que asumirá la representación legal de Juan Judas Tadeo Vázquez, hombre cuya presencia en la movilización del 8 de marzo desencadenó una fuerte controversia social, quien ha lanzando un firme posicionamiento contra lo que considera una campaña de estigmatización y el aprovechamiento político de la situación.
En este sentido, la defensa dirigió una advertencia directa hacia actores públicos, señalando específicamente al exdiputado Miguel Ángel Covarrubias por presuntamente utilizar el caso como una "bandera política" para generar odio y repudio social.
La controversia se originó cuando Vázquez, quien asistió a la marcha del 8M bajo una narrativa de aliado, fue confrontado públicamente por su expareja por el presunto incumplimiento de obligaciones alimentarias durante casi una década.
Tras la viralización del incidente y las polémicas declaraciones del señalado sobre el fin de las responsabilidades tras un vínculo matrimonial, el abogado Robles Figueroa sostuvo que su cliente está siendo víctima de un "linchamiento social" carente de sustento jurídico firme.
El litigante enfatizó que la presunción de inocencia es un pilar inalienable del derecho mexicano, sentenciando que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario".
En este sentido, la defensa dirigió una advertencia directa hacia actores públicos, señalando específicamente al exdiputado Miguel Ángel Covarrubias por presuntamente utilizar el caso como una "bandera política" para generar odio y repudio social.
Según el abogado, el actuar de figuras con poder e impacto mediático que promueven condenas públicas sin una sentencia judicial de por medio podría constituir, en sí mismo, un hecho con apariencia de delito.
Por su parte, Juan Judas Tadeo Vázquez manifestó que la exposición mediática ha tenido repercusiones severas en su integridad personal y estabilidad laboral.
Ante este panorama, la defensa legal ha confirmado que emprenderá acciones legales para contrarrestar los ataques y señalamientos derivados del ámbito político, argumentando que el debate ha pasado de ser una demanda social de colectivos feministas a una plataforma de publicidad para personajes públicos.
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