Tlaxcala, Tlax.- La diputada Lorena Ruiz García presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra la sustracción, retención u ocultamiento ilegal de niñas, niños y adolescentes en Tlaxcala, incluso cuando estos actos sean cometidos por familiares directos o progenitores.
La propuesta plantea una reforma al artículo 264 del Código Penal del Estado, con el objetivo de cerrar vacíos legales que hoy permiten que este tipo de conductas queden impunes o con castigos mínimos.
Durante su exposición, la legisladora fue clara: el interés superior de la niñez debe ser la base de cualquier decisión legislativa. Señaló que separar de forma ilegal a un menor de edad no solo rompe la convivencia familiar, sino que también afecta derechos fundamentales como la identidad, la estabilidad emocional y el derecho a vivir sin violencia. Además, advirtió que estas prácticas suelen dejar secuelas psicoemocionales profundas que pueden acompañar a las víctimas durante toda su vida.
Sanciones más severas para quienes no respeten la custodia legal
La iniciativa establece penas de entre dos y seis años de prisión, además de una multa que va de 72 a 360 UMAs, para cualquier persona que sustraiga, retenga u oculte a un menor de edad sin contar con la guarda y custodia legal. Un punto clave es que la reforma también contempla sanciones para el progenitor que, aun teniendo derecho de convivencia, retenga al menor e impida su regreso con quien legalmente tiene la custodia, sobre todo si esto ocurre en medio de un proceso judicial.
Con esta modificación, se busca enviar un mensaje contundente: el derecho de convivencia no puede usarse como excusa para violar la ley ni para dañar emocionalmente a las niñas y niños. La propuesta responde a casos cada vez más frecuentes donde los conflictos entre adultos terminan afectando directamente a los menores.
Castigo agravado por violencia psicológica o vicaria
Un aspecto relevante de la iniciativa es que contempla aumentar la pena hasta en una mitad cuando la sustracción o retención del menor sea utilizada como chantaje, presión o violencia psicológica, especialmente en contextos de violencia vicaria. Esto incluye situaciones en las que se busca obtener una ventaja legal o causar daño emocional al otro progenitor usando a los hijos como medio.
Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, donde será analizada y dictaminada. De aprobarse, esta reforma representaría un avance importante en la protección de los derechos de la niñez en Tlaxcala, fortaleciendo el marco legal frente a conductas que hoy generan graves daños familiares y sociales.
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