Tlaxcala, Tlax.,— Tras un prolongado periodo de ausencia en la escena pública, la empresaria y exlegisladora federal, Dulce María Silva Hernández, ha formalizado su intención de contender por la candidatura de Morena al gobierno del estado.
Sin embargo, su retorno se ha visto empañado por la aparición de propaganda política colocada de manera irregular en infraestructura pública, lo que ha generado cuestionamientos sobre el respeto a la normativa vigente y el impacto visual en la entidad.
La promoción de Silva Hernández ha comenzado a manifestarse a través de carteles impresos a color fijados con cinta en diversos elementos del mobiliario urbano.
Esta estrategia, que carece de logotipos oficiales de institutos políticos pero utiliza los colores distintivos del partido oficialista, ha sido señalada como una posible violación a las normas que prohíben el uso de espacios públicos para fines de promoción personal.
Críticos y observadores locales destacan que la utilización de fotografías recicladas y fórmulas de comunicación ya conocidas no solo contamina visualmente el entorno, sino que podría interpretarse como un acto que, si bien se mantiene en la frontera de la legalidad electoral, resulta cuestionable desde una perspectiva ética y cívica.
En el ámbito político, el anuncio de Silva Hernández ocurre en un momento de reconfiguración interna para Morena en Tlaxcala.
Ante los rumores de una posible salida de figuras de alto perfil como Ana Lilia Rivera, la empresaria ha levantado la mano asegurando poseer un proyecto inclusivo y una visión renovada para abatir los rezagos históricos en materia de empleo y desarrollo social.
Silva ha manifestado públicamente que "en política nada está escrito" y se dice preparada para someterse al proceso de encuesta interna, confiando en que su experiencia previa y su perfil empresarial le otorguen la ventaja competitiva necesaria.
A pesar de sus declaraciones en favor de la legalidad y los criterios del partido, la presencia de su imagen en puentes, postes y paredes ha generado un eco negativo que contrasta con su mensaje de transformación.
Mientras la exlegisladora afirma esperar los tiempos legales para demostrar que es la mejor opción para el estado, la ciudadanía y las autoridades municipales enfrentan el reto de regular una campaña que ha comenzado a ganar terreno en las calles antes de que los plazos oficiales lo dictaminen.
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