Tlaxcala, Tlax.- Organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto estatales como nacionales, rechazaron la reelección de Jakqueline Ordóñez Brasdefer como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) para el periodo 2025-2029.
Acusaron al Congreso local de violar los principios de transparencia, autonomía y participación ciudadana durante el proceso de elección, lo que —según afirmaron— evidencia una política de simulación que pone en riesgo a los sectores más vulnerables.
Omisiones y vínculos con el poder, las principales críticas
Las organizaciones recordaron que durante su primer periodo, Ordóñez Brasdefer fue omisa ante casos graves de violaciones a derechos humanos, como:
- Feminicidios
- Tortura
- Represión de manifestaciones
- Abusos contra mujeres y personas migrantes
Además, cuestionaron su cercanía con el gobierno estatal, lo que —a su juicio— debilitó la autonomía de la CEDHT y su capacidad para actuar frente a los abusos de autoridad.
Casos emblemáticos ignorados
Entre los casos más preocupantes, destacaron:
- El feminicidio de una estudiante normalista, que no recibió un seguimiento adecuado.
- La falta de respaldo a Keren Ordóñez, víctima de tortura sexual, quien ha exigido justicia sin obtener respuesta efectiva.
Exigen transparencia y participación ciudadana
Las agrupaciones urgieron al Congreso a transparentar la metodología de elección del titular de la CEDHT, además de:
- Establecer mecanismos de vigilancia ciudadana
- Definir una agenda clara en materia de derechos humanos
- Eliminar las designaciones políticas que perpetúan la impunidad
Una decisión que representa un retroceso
Las organizaciones advirtieron que la reelección de Jakqueline Ordóñez representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos en Tlaxcala y envía un mensaje desalentador para las víctimas, quienes requieren una institución fuerte, independiente y comprometida con su causa.
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