Tlaxcala, Tlax.- La diputada panista Miriam Martínez Sánchez explotó desde la tribuna contra la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, asegurando que fue “una puñalada en la espalda del pueblo”.
Según explicó, no se escuchó a los pueblos indígenas, originarios ni afromexicanos, quienes son directamente afectados por el uso del recurso.
Acusó a Morena y sus aliados de impulsar una ley que no fortalece el acceso ni la gestión comunitaria, sino que le entrega el control total del agua al poder central en Ciudad de México, dejando a la población tlaxcalteca sin voz y sin autonomía sobre un recurso vital.
Riesgos para el campo y la producción local
Martínez advirtió que con las nuevas reglas ninguna concesión, pozo, riego ni uso agrícola podrá realizarse sin el permiso de un funcionario federal. Los campesinos enfrentarán incertidumbre, fuertes restricciones e incluso sanciones penales, lo que pone en jaque la producción agrícola.
“El peligro de la cárcel para nuestros campesinos es el pago que este gobierno les dará”, reclamó seriamente, subrayando que el campo sería el más golpeado por una reforma hecha “a espaldas del país”. Afirmó que comunidades como Ixtenco, Zitlaltépec, Teolocholco, San Pablo del Monte y Tetlanohcan ni siquiera fueron consultadas.
Llamado a frenar lo que llaman “golpe hídrico”
La diputada sostuvo que académicos, activistas y organizaciones con más de una década trabajando en una propuesta con enfoque de derecho humano al agua fueron ignorados, mientras —aseguró— los grandes acaparadores fueron privilegiados.
Denunció que el oficialismo “pretende consumar un golpe de Estado hídrico” que lastima a municipios, comunidades indígenas y familias trabajadoras.
A pesar de la aprobación, Martínez Sánchez pidió al Senado frenar la reforma y jura que Tlaxcala no se raja: “Voy a defender nuestra agua, porque lo que es de Tlaxcala se respeta y se protege”.
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