La Senadora de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, señaló, durante el foro llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), que la reforma al Poder Judicial es una de las más importantes de la era moderna y eliminará malas prácticas y corrupción.
Reconoció que el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal se han guiado por escándalos de corrupción que han evidenciado las deficiencias que han prevalecido en la institución y al pertenecer como órgano subordinado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), carece de la esperada independencia con la que fue diseñada.
La funcionaria federal recordó que, en 2018, el Concurso Interno de Oposición para la designación de jueces de distrito tuvo que ser interrumpido debido a la venta de los exámenes que se aplicaban a los aspirantes.
También aseguró que al interior del Poder Judicial ha existido nepotismo pued el personal de los tribunales de ha compuesto hasta por 60 por ciento de familiares de los altos funcionarios judiciales.
La Reforma al Poder Judicial, puesta a discusión en la Cámara de Diputados establece la creación de dos órganos: el de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial
El primero será responsable de la administración, vigilancia, carrera judicial y control interno del Poder Judicial, constituido de manera colegiada por cinco personas cuya duración en el cargo sea de seis años y una presidencia de dos años, organismo que asumirá además la administración y control interno del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El segundo, encargado de la independencia técnica y de gestión y conformado por cinco miembros elegidos por la ciudadanía.
"Este nuevo ente se vislumbra como un organismo apto para ejercer las facultades como recibir denuncias, investigar, sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como para sancionar única y exclusivamente a los servidores públicos del Poder Judicial, lo que incluye al Tribunal Electoral", enfatizó.
La legisladora dijo que la reforma propone que este Tribunal tenga la capacidad de emitir resoluciones definitivas, con lo que se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito judicial, sin otorgar impunidad a los operadores jurídicos que hagan mal uso de sus funciones, con respeto al debido proceso y los derechos de la Constitución y la ley.
