Regidores de Tzompantepec acusan al alcalde de frenar al cabildo

Los expedientes identificados como TET-JDC-082/2025, TET-JDC-086/2025 y TET-JDC-087/2025 fueron promovidos por Bernardo Montiel Carrasco, presidente de comunidad de San Juan Quetzalcoapan; José Juan Ramírez Pérez, sexto regidor, y José Gerardo Rodrigo Herrera Ramos, tercer regidor del ayuntamiento. Todos coinciden en un punto central: el alcalde estaría obstruyendo de manera reiterada el trabajo del cabildo, afectando la gobernabilidad del municipio.

Señalan suspensión de sesiones y opacidad en el manejo del erario

De acuerdo con los promoventes, uno de los principales problemas ha sido la suspensión y el retraso injustificado de las sesiones de cabildo, lo que ha dejado en pausa asuntos administrativos y financieros considerados urgentes. Denuncian que el ayuntamiento no ha podido sesionar con normalidad, situación que complica la toma de decisiones y el seguimiento de acuerdos.

A esto se suma, afirman, la negativa sistemática del presidente municipal a transparentar información sobre el manejo de los recursos públicos, lo que ha generado molestia e inconformidad entre los integrantes del cabildo. Ante este escenario, los regidores informaron que ya presentaron quejas formales ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el Congreso del estado y legisladores locales, buscando que se restablezca el funcionamiento institucional del gobierno municipal.

Posible violación a la Ley Municipal y a derechos constitucionales

Uno de los hechos más señalados es la suspensión abrupta de la sesión ordinaria número 28, convocada para el 25 de noviembre, la cual quedó inconclusa y sin cierre formal del acta. El tercer regidor explicó que el cabildo no sesionaba desde el 6 de octubre, lo que contraviene el artículo 35 de la Ley Municipal de Tlaxcala, que obliga a celebrar sesiones ordinarias al menos cada 15 días.

Por su parte, el sexto regidor advirtió que no validarán acuerdos administrativos que no hayan sido debidamente analizados y aprobados por el pleno. Especialistas señalan que la obstrucción en el ejercicio de un cargo de elección popular se configura cuando una autoridad impide o limita injustificadamente las funciones de un servidor público electo, lo que vulnera derechos político-electorales protegidos por la Constitución federal y local. Esta conducta, de confirmarse, es considerada una falta grave que amerita la intervención de los tribunales electorales.