Tlaxcala, Tlax.- El gobierno federal promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra disposiciones de la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, en Tlaxcala, por considerar inconstitucionales algunos cobros aplicados a licencias de funcionamiento.
El recurso legal se centra particularmente en los refrendos exigidos a gasolineras, centros comerciales y otros establecimientos, un tema que nuevamente coloca bajo revisión los alcances fiscales de los municipios de la entidad y la legalidad de diversos mecanismos recaudatorios aprobados por los ayuntamientos.
La controversia constitucional contra la Ley de Ingresos de Apetatitlán
La demanda quedó registrada bajo la controversia constitucional 19/2026 y fue turnada a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien admitió a trámite el recurso promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con el expediente, la federación impugnó el artículo 41 de la Ley de Ingresos del municipio encabezado por el alcalde Azaín Ávalos Marbán, publicada el 14 de noviembre de 2025 en el Periódico Oficial del estado.
El punto cuestionado establece el cobro equivalente al 60 por ciento del valor de apertura por concepto de refrendo de licencias de funcionamiento para diversos establecimientos comerciales, entre ellos gasolineras, estaciones de carburación, centros comerciales y naves industriales.
Además, la disposición obligaba a los contribuyentes a presentar el último recibo de pago de apertura o alta y actualizar el monto conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Para el gobierno federal, este mecanismo podría contravenir principios constitucionales en materia tributaria y exceder las facultades fiscales del municipio.
El antecedente de otras impugnaciones en Tlaxcala
Este nuevo recurso se suma a las 12 acciones de inconstitucionalidad que previamente fueron resueltas por ministros de la Suprema Corte y mediante las cuales se declararon inválidos diversos cobros establecidos por municipios de Tlaxcala.
En los últimos años, distintos ayuntamientos de la entidad han enfrentado observaciones y recursos legales relacionados con derechos municipales, permisos comerciales y cobros considerados excesivos o fuera del marco constitucional.
La controversia promovida ahora contra Apetatitlán mantiene esa misma línea de revisión judicial sobre las leyes de ingresos aprobadas por los cabildos y avaladas posteriormente por el Congreso local.
El municipio no respondió dentro del plazo legal
Uno de los puntos que llamó la atención dentro del expediente fue que el ayuntamiento de Apetatitlán no presentó manifestaciones dentro del plazo legal otorgado por la Corte.
En el acuerdo más reciente, la ministra Lenia Batres Guadarrama dejó constancia de que el municipio fue notificado formalmente a través del actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala, con residencia en Apizaco.
Sin embargo, la administración municipal dejó transcurrir el término legal sin emitir respuesta alguna respecto a la controversia constitucional.
Por esa razón, la SCJN declaró la preclusión de su derecho para formular argumentos dentro del procedimiento, lo que implica que perdió la oportunidad procesal de defender su postura en esa etapa del litigio.
La audiencia ya tiene fecha programada
La Suprema Corte confirmó que la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas se realizará el próximo 20 de mayo de 2026 mediante el sistema de videoconferencias del Poder Judicial Federal.
El caso podría convertirse en un nuevo precedente sobre los límites de los cobros municipales relacionados con licencias de funcionamiento y refrendos comerciales en Tlaxcala, particularmente en actividades vinculadas con el sector energético y empresarial.
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