Tlaxcala, Tlax.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por unanimidad tumbar las partes del artículo 242 del Código Penal de Tlaxcala que castigaban el aborto. Sí, por fin se reconoció que nadie debe ir a la cárcel por decidir sobre su propio cuerpo, especialmente cuando se trata de violencia sexual.
Antes, las mujeres tenían que pedir autorización al Ministerio Público o depender del permiso de padres o tutores —en el caso de menores de edad— para poder acceder a un aborto seguro en hospitales públicos. Esto no solo revictimizaba, sino que retrasaba una atención urgente que puede ser cuestión de vida o muerte.
La Corte fue clara: esas trabas eran inconstitucionales, violaban la dignidad, autonomía y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Además, quien brindara servicios médicos sin ese documento también podía terminar en la cárcel… hasta hoy, que eso queda eliminado.
Adiós a requisitos injustos y criminalización
Otro logro importante es que ya no se exigirá el consentimiento de madres, padres o tutores para acceder a anticoncepción de emergencia, lo que permitirá actuar rápido en situaciones críticas. La SCJN también recalcó que esto no deja sin protección a las víctimas, pues seguirá la obligación de notificar a autoridades cuando haya sospecha de violencia familiar o sexual.
El máximo tribunal también invalidó artículos que criminalizaban totalmente el aborto, reconociendo que bloquear servicios médicos por trámites y permisos solo revictimiza y pone en riesgo vidas. Ahora, la salud será prioridad, no los castigos.
Efectos inmediatos y futuro legislativo
La decisión entrará en vigor una vez publicada y tendrá efectos retroactivos, lo que significa que personas procesadas o sentenciadas por aborto podrán ser beneficiadas.
Organizaciones como GIRE y Ddeser Tlaxcala celebraron el fallo como una victoria histórica para la justicia reproductiva, y ahora la pelota está en la cancha del Congreso de Tlaxcala, que deberá actualizar las leyes para garantizar que el acceso al aborto seguro sea real y sin trabas.
Porque al final, la Corte lo dejó claro: decidir no es un delito, es un derecho. ¿Y ya era hora, no?
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