Señala vocero de Lorena Cuéllar "golpeteo político" sobre presunta n4rc0nómina en la SSC

Durante los "Diálogos Circulares", el funcionario minimizó el hallazgo de la presunta nómina criminal, etiquetando la difusión del caso como una estrategia impulsada por la "oposición" para erosionar la imagen del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

La postura oficial se ha centrado en cuestionar la autenticidad de los documentos exhibidos en medios de comunicación de alcance nacional. 

Martínez Velázquez sostuvo que cualquier anotación hallada en una casa de seguridad debe ser sometida a un riguroso peritaje antes de ser considerada una prueba de infiltración. "

Es necesario constatar la veracidad de ese papel", sentenció el vocero, argumentando que no se puede construir una crisis pública basada en documentos cuyo contexto de elaboración es, hasta ahora, incierto para la administración estatal.

Sin embargo, esta retórica de cautela procesal contrasta con la celeridad con la que el funcionario atribuyó el escándalo a intereses partidistas. 

Al señalar directamente a figuras políticas opositoras como las principales promotoras del tema, la vocería parece desplazar el foco de la posible vulnerabilidad de los mandos policiales hacia un terreno de confrontación electoral, evitando precisar si se han iniciado auditorías internas de carácter extraordinario tras la mención de "10 comandantes" y "elementos de tropa" en los registros delictivos.

Como ha sido la constante ante crisis previas, el gobierno estatal apeló a los exámenes de control de confianza como el escudo definitivo de la corporación. 

Según el vocero, la vigencia de estos certificados garantiza la idoneidad de los elementos; no obstante, especialistas en seguridad han cuestionado históricamente si estas pruebas son estáticas y capaces de detectar redes de complicidad que se gestan en la operatividad diaria, especialmente cuando los señalamientos provienen de evidencias físicas recolectadas en refugios de células criminales.

A pesar de la retórica de "cero tolerancia", la administración no ha confirmado si algún mando ha sido separado preventivamente de su cargo para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). 

La insistencia en no "judicializar mediáticamente" el asunto y el llamado a evitar especulaciones que "dañen la imagen institucional" reflejan una prioridad gubernamental por el control de daños políticos.

Para analistas locales, el mayor riesgo de esta estrategia radica en que, al politizar la denuncia calificándola de "golpeteo", el Gobierno del Estado podría estar subestimando una línea de investigación que toca las fibras más sensibles de la paz pública. 

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