Tlaxcala, Tlax.- El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) dio un giro importante al resolver los juicios TET-JE-003/2026 y TET-JE-004/2026, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala.
En su sesión extraordinaria del 12 de febrero, el Tribunal revocó las resoluciones emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y ordenó que sea el Consejo General quien atienda lo instruido en la sentencia.
En palabras más claras: el TET determinó que la Comisión no era la autoridad competente para rechazar la instauración de un Procedimiento Ordinario Sancionador, por lo que sus decisiones quedaron sin efecto.
Señalamientos por presunta afiliación forzosa
Los medios de impugnación fueron interpuestos contra los titulares de las rectorías de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, además del partido Morena.
La acusación central apunta a una presunta afiliación forzosa de estudiantes al partido político, situación que generó inconformidad y llevó el caso hasta la vía jurisdiccional electoral.
Aunque el Tribunal aclaró que, más allá de los argumentos del promovente, lo primero que debe revisarse es si la autoridad que emitió los actos controvertidos tenía facultades legales para hacerlo, el tema de fondo sigue siendo delicado, pues involucra derechos político-electorales de estudiantes.
El principio de legalidad como eje de la decisión
Durante la sesión, el Pleno recordó que, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda autoridad debe fundar y motivar adecuadamente sus actos, además de actuar dentro de su ámbito de competencia.
En este caso, el TET consideró que la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE rechazó la instauración del procedimiento sin contar con la atribución para ello, por lo que procedió a revocar dichas resoluciones.
Ahora, será el Consejo General del ITE quien deba pronunciarse nuevamente y atender los efectos precisados en la sentencia.
Este fallo no solo reabre el análisis del caso, sino que también envía un mensaje claro: en materia electoral, la legalidad y la competencia de las autoridades no son opcionales, son obligatorias.
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