Tlaxcala, Tlax.- La diputada Gabriela Hernández Islas puso sobre la mesa una propuesta que está generando bastante atención en el Congreso: prohibir que menores de edad entren a moteles, auto hoteles o lugares similares sin un padre o tutor. Su intención es clara: evitar abuso sexual, trata de personas y embarazos no deseados. Y la verdad, suena lógico considerando el panorama. La legisladora recordó que Tlaxcala enfrenta índices gravísimos en trata, especialmente afectando a niñas, niños y adolescentes, un grupo que sigue siendo vulnerable pese a todos los programas que se han intentado implementar.
Según explicó, hay un vacío legal que permite que estos lugares reciban a menores sin supervisión adecuada, lo que abre la puerta a riesgos enormes. Su iniciativa busca justamente cerrar ese hueco y exigir que los establecimientos apliquen “candados” legales y preventivos para proteger a este sector.
Datos alarmantes y una urgencia evidente
De acuerdo con cifras nacionales de la Secretaría de Salud, solo en 2024 se abrieron más de 23 mil carpetas de investigación por violencia sexual, y 92.71% de las víctimas fueron mujeres. Para la diputada, estas cifras evidencian una realidad preocupante que exige acciones efectivas y no solo discursos. Por eso plantea modificar la Ley de Turismo, añadiendo reglas claras al artículo 109 para impedir que un menor entre sin la presencia de sus tutores debidamente identificados.
Aunque la propuesta incluye sanciones, Hernández Islas señaló que el artículo 165 es demasiado ambiguo, pues no fija una pena clara para quienes incumplan. Aun así, insiste en que los establecimientos deben asumir su responsabilidad y participar activamente en la protección de los menores.
Más allá del tema: inclusión para la comunidad sorda
En asuntos generales, la legisladora también aprovechó para lanzar un llamado urgente: garantizar plena inclusión a la comunidad sorda en Tlaxcala y en México. Pidió que el Congreso incorpore intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas en todas las sesiones, subrayando que esto no es un gesto opcional, sino un derecho humano básico. Para ella, se trata de una deuda histórica que ya no puede seguir postergándose y que debe atenderse con hechos.
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