Tlaxcala exige voz propia: comunidades llevan al TEPJF su reclamo por diputaciones indígenas

Como parte del juicio SCM–JDC–20/2026, las exautoridades y autoridades comunitarias acudieron el pasado 7 de abril a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para participar en una audiencia de alegatos. Ahí sostuvieron una reunión con el magistrado José Luis Ceballos Daza, encargado del análisis del caso, así como con la magistrada Ixel Mendoza Aragón y el secretario general de acuerdos, Héctor F. Anzurez Galicia.

El reclamo central es claro: las comunidades consideran que sigue pendiente el cumplimiento de una resolución previa que reconocía su derecho a ser consultadas y a participar directamente en la definición de mecanismos de representación política. La exigencia no es nueva, pero sí cada vez más firme, porque aseguran que el tema ha sido postergado pese a existir un mandato judicial.

La propuesta: 10 diputaciones indígenas elegidas en asambleas comunitarias

Durante la audiencia, las y los representantes comunitarios insistieron en que la consulta pendiente debe realizarse bajo principios muy precisos: libre, previa, informada y culturalmente adecuada, respetando plenamente los sistemas normativos de usos y costumbres que rigen en estas localidades.

Recordaron que en una sentencia emitida en 2020, la Sala Regional ordenó que en 2022 se llevara a cabo una consulta en las 94 comunidades que se rigen por estos sistemas, para después impulsar reformas legislativas que permitieran que esas localidades pudieran nombrar diputaciones locales mediante sus propias asambleas generales comunitarias.

En ese contexto, las comunidades reiteraron una de sus propuestas más relevantes: crear 10 diputaciones nombradas directamente por las comunidades, con el objetivo de garantizar la representación de las 94 localidades, tomando como base la distribución actual de los distritos electorales.

La apuesta de fondo es que los pueblos originarios no solo sean escuchados, sino que tengan presencia real en la toma de decisiones del Congreso local.

También piden medidas contra el Congreso local y señalan omisiones

Además de insistir en la consulta y en la representación indígena, las autoridades comunitarias pidieron que se apliquen medidas de apremio contra integrantes del Congreso local, al considerar que han incurrido en desacato por no cumplir con lo ordenado en la sentencia previa.

También señalaron el papel del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), al que acusan de haber sido parte de una dinámica que, desde su perspectiva, ha frenado el cumplimiento de un mandato judicial que favorece los derechos políticos de los pueblos originarios.

Entre quienes acudieron a la capital del país estuvieron Nieves Contreras Pérez, de Álvaro Obregón; Mauricio Palacios Flores, de San Diego Recova; Antelma Rosas Martínez, de Santa Justina Ecatepec; Yair Linares Botis, de San Vicente Xiloxochitla; Uriel Muñoz Ata, de San Sebastián Atlahapa; además de Crispín Pluma Ahuatzi, exautoridad de Guadalupe Ixcotla; Juan Cocoletzi Conde, de San Felipe Cuauhtenco, y Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani, quien brinda acompañamiento jurídico.

El mensaje que dejaron es contundente: en Tlaxcala, las comunidades no quieren seguir esperando. Buscan que su voz cuente, que sus normas sean respetadas y que su representación política deje de ser una promesa pendiente.

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