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Jue, Jun

Por: Cortesía

Tlaxcala

Tlaxcala forma parte de los peores lugares del Índice de Estado de Derecho justo antes de elecciones.

Tlaxcala, Tlax.- Tlaxcala forma parte del listado de las quince entidades con los peores lugares del índice de Estado de Derecho con los más bajos puntajes en seguridad y ausencia de corrupción en esta etapa de elecciones.

Seis estados de la república serán dejados por sus gobernadores después de la próxima jornada electoral con los puntajes más bajos en el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, resaltando principalmente las áreas de ausencia de corrupción, seguridad y justicia penal. Algunos estados que acompañan a Tlaxcala en este listado son Baja California, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosi y Sonora.

Los actuales Gobernadores de las mencionadas entidades son Marco Antonio Mena de Tlaxcala, Carlos Mendoza de Baja California, Héctor Astudillo de Guerrero, Silvano Aureoles de Michoacán, Juan Manuel Carrera de San Luis Potosi y Claudia Pavlovich de Sonora.

El presente análisis tomó en cuenta a los 32 estados del país en materia de Estado de Derecho, contemplando factores de límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Dicho análisis fue desarrollado por World Justice Project y compartido por Forbes México.

Los puntajes obtenidos por el estado de Tlaxcala son los siguientes. El estado se encuentra en el lugar 24 con 0.38 puntos, las calificaciones más bajas son en ausencia de corrupción con 0.32 puntos, justicia penal con 0.35 puntos y orden de seguridad con o.40 puntos.

Para generar un punto de comparación, los estados que tienen el mejor puntaje en el índice de Estado de Derecho y que también se encuentran en elección de dirigentes, son Querétaro y Campeche, ambas están dentro de las cinco entidades cercanas al puntaje 1.

El análisis fue desarrollado por World Justice Project con base en tres fuentes de información; encuestas realizadas a 25,600 personas, cuestionarios a 2,363 especialistas en derecho penal, civil, laboral y salud pública y finalmente datos compartidos por otras instituciones como el INEGI.

 

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