Tlaxcala mantiene en pausa reforma clave de seguridad y crecen las dudas por su publicación

Aunque el paquete de cambios fue impulsado por la propia gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, incluso bajo la figura de iniciativa preferente, el decreto continúa sin aparecer oficialmente, lo que ya comenzó a despertar dudas dentro del ámbito político y legislativo en Tlaxcala.

En la práctica parlamentaria, este escenario suele relacionarse con una figura conocida como “veto de bolsillo”, es decir, cuando el Poder Ejecutivo retiene un decreto aprobado por el Congreso sin promulgarlo y sin devolverlo con observaciones. Lo llamativo en este caso es que no existe hasta ahora ninguna comunicación formal de objeción, lo que vuelve todavía más llamativo el retraso, sobre todo porque se trata de una reforma promovida desde el propio gobierno estatal.

La Constitución local marca plazos claros, pero el decreto sigue sin publicarse

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política local, el titular del Ejecutivo debe sancionar y ordenar la publicación de las leyes o decretos enviados por el Congreso, salvo que tenga observaciones, en cuyo caso debe devolverlos dentro de un plazo de ocho días. Si no lo hace dentro de ese tiempo, se consideran aprobados.

Bajo ese marco, el retraso en la publicación del decreto abre un debate importante: si ya fue aprobado por la mayoría legislativa y no hay un veto formal, ¿por qué sigue sin publicarse? Esa pregunta empieza a cobrar fuerza porque la ausencia de este paso impide que entren en vigor las modificaciones legales y, en consecuencia, también frena toda la reestructuración administrativa prevista.

Más allá del procedimiento, el tema no es menor. La falta de publicación no solo deja el decreto en una especie de limbo jurídico, sino que también retrasa decisiones estratégicas en materia de seguridad pública, una de las áreas más sensibles para la administración estatal.

La reforma busca concentrar áreas clave de seguridad en la SSC

Entre los puntos más importantes aprobados por el Congreso está la reconfiguración del esquema institucional de seguridad pública en Tlaxcala. Con esta reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asumiría el control operativo y administrativo de varias áreas clave, entre ellas el C5i, el Centro Estatal de Información, la Prevención Social del Delito y el Departamento de Operaciones de Tecnologías de la Información.

Hasta antes de esta modificación, esas funciones estaban bajo la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, encabezada por Maximino Hernández Pulido, que operaba como eje técnico-administrativo del sistema. Con el nuevo modelo, la intención es avanzar hacia una estructura más centralizada, donde la SSC concentre no solo la operación policial, sino también inteligencia, tecnología, prevención del delito, atención ciudadana y servicios estratégicos como el 911 y el 089.

Incluso, el propio decreto establece en su artículo segundo transitorio que, una vez publicado, la SSC tendría 30 días hábiles para adecuar distintas normas, incluyendo la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado, su Reglamento Interior y el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Pero como la publicación no ha ocurrido, todo ese proceso permanece congelado, dejando en pausa una de las reformas más importantes del actual sexenio en materia administrativa y de seguridad en Tlaxcala.

Noticias relacionadas:

Tlaxcala