Tlaxcala, Tlax.- El Congreso de Tlaxcala lanzó un llamado fuerte y claro a los 60 ayuntamientos del estado: tienen que instalar cuanto antes sus Consejos Municipales de Salud Mental y Comportamiento Adictivo y publicar los reglamentos necesarios para que la ley se cumpla de verdad.
¿Por qué tanta presión? Porque los datos están durísimos. Según los Centros de Integración Juvenil, en el primer semestre de 2024 Tlaxcala superó la media nacional en consumo de cocaína, con 51.1% de las personas atendidas por adicciones usando esta sustancia, contra 34.6% del promedio del país.
A esto se le suma el incremento alarmante en suicidios: 52 casos en 2020, 55 en 2021 y 48 preliminares en 2022. Y además, por cada suicidio consumado hay 15 intentos, lo que demuestra que el problema es mucho más grande de lo que se reporta.
El exceso de alcohol también entra en la lista negra: 51.4% de consumo en personas de 12 a 65 años, generando deserción escolar y ausentismo laboral que afecta a miles de familias.
Ley existe… pero falta aplicarla
Aunque en noviembre de 2023 se aprobó la Ley de Salud Mental y Comportamiento Adictivo, todavía no se siente un cambio real.
Uno de los mayores obstáculos sigue siendo el costo de las terapias, ya que una sola sesión equivale a dos días de salario mínimo, lo que deja fuera a mucha gente que sí necesita atención urgente.
También falta infraestructura y especialistas: en 2021 solo había 28 unidades médicas equipadas para brindar atención en salud mental, y el 93% dependen de la Secretaría de Salud, quedando el resto en instituciones como el IMSS.
Diputados buscan proteger a los más vulnerables
Antes de aprobar el exhorto, se presentó una iniciativa enfocada en fortalecer la atención psicológica especialmente para adultos mayores, quienes enfrentan depresión, deterioro cognitivo y ansiedad sin apoyo suficiente.
La propuesta incluye programas obligatorios para lograr diagnósticos tempranos, campañas contra el estigma de pedir ayuda, y un Programa de Salud Mental en Centros de Trabajo para mejorar ambientes laborales y ofrecer orientación profesional, sobre todo en enero y febrero, meses donde se agravan las crisis emocionales.
El objetivo general es que infancia, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores reciban atención digna, accesible y que realmente los mantenga integrados con sus familias y comunidades.
Al final, la exigencia es clara: cada municipio debe hacer su parte y aplicar la ley según su realidad, pero de forma alineada a los lineamientos estatales y federales. La salud mental en Tlaxcala ya no puede esperar.
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