Tlaxcala, Tlax.- La llamada propuesta presidencial de reforma constitucional, conocida públicamente como parte del Plan B, ya encendió alertas en Tlaxcala por el tamaño de sus posibles efectos.
Si esta iniciativa avanza en el Senado, es aprobada por el Congreso de la Unión y después respaldada por los congresos estatales, en Tlaxcala se abriría un escenario totalmente distinto para el Poder Legislativo y para los ayuntamientos.
El primer golpe sería directo al bolsillo del Congreso local, pues el ajuste planteado obligaría a que las legislaturas estatales no puedan recibir más del 0.70 por ciento del presupuesto total de su entidad. En términos simples: el dinero disponible para operar bajaría de forma drástica.
Actualmente, el Presupuesto de Egresos 2026 de Tlaxcala contempla para el Poder Legislativo 503 millones 506 mil 250 pesos, pero con la nueva fórmula ese monto se reduciría a 210 millones 602 mil 553.1 pesos. Es decir, el recorte sería de 292 millones 903 mil 696.81 pesos, una cifra que representa cerca del 60 por ciento menos de lo que hoy tiene asignado.
El recorte pondría contra las cuerdas al gasto legislativo y a la operación interna
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justifica este ajuste bajo el argumento de “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato”. Pero en Tlaxcala, el impacto sería mucho más visible de lo que parece en el papel.
Hoy, una parte importante del gasto legislativo se concentra en dos rubros clave:
- 95 millones 81 mil 127 pesos para el Órgano de Fiscalización Superior (OFS)
- 95 millones 212 mil 800 pesos destinados a ayudas sociales o gestión social
Solo en esos dos conceptos ya se superan los 190 millones de pesos. Si el Congreso tuviera que operar con poco más de 210 millones, y además mantuviera la estructura actual, quedaría con alrededor de 20 millones de pesos para cubrir salarios, prestaciones del personal de confianza y sindicalizado, así como gastos operativos.
En pocas palabras, la reforma no solo recortaría recursos, sino que obligaría a replantear completamente cómo funciona el Poder Legislativo en Tlaxcala.
La otra gran sacudida: Tlaxcala tendría que crear 70 nuevas regidurías en 2027
El segundo impacto sería político y territorial, porque la reforma también modificaría la integración de los cabildos. La propuesta federal establece que todos los ayuntamientos del país deberán tener al menos siete regidores y hasta 15, sin importar el tamaño poblacional como hoy ocurre en Tlaxcala.
Actualmente, en el estado existen 350 regidores, pero con esta nueva regla el número mínimo subiría a 420, lo que significa la creación de 70 nuevas regidurías a partir de las elecciones de 2027.
Hoy, solo 13 municipios ya cumplen con el mínimo de siete regidores, entre ellos Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Chiautempan y San Pablo del Monte. Mientras tanto:
- 23 ayuntamientos tienen actualmente cinco regidores
- 24 municipios cuentan con seis regidores
Eso significa que 47 municipios tendrían que ampliar su representación, creando una o incluso dos regidurías adicionales.
El fondo del debate no es menor: por un lado, se habla de austeridad en el Congreso; por otro, de mayor representación en los municipios. Si esta reforma camina, Tlaxcala no solo vería un ajuste contable, sino una verdadera reconfiguración política y administrativa que podría marcar el rumbo del estado en los próximos años.
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