Una administración pública con perspectiva de género: La propuesta de Blanca Águila Lima

Esta propuesta busca institucionalizar la perspectiva de género de manera transversal, obligatoria y progresiva en todas las estructuras del servicio público, abarcando desde el Ejecutivo estatal hasta los niveles municipales, con el fin de garantizar una igualdad sustantiva que trascienda el discurso y se refleje en el ejercicio cotidiano del poder.

El proyecto de decreto plantea modificaciones estratégicas a diversos ordenamientos, incluyendo las leyes orgánicas de la Administración Pública, los poderes Judicial y Legislativo, la Fiscalía General de Justicia, así como los tribunales Electoral y de Justicia Administrativa. 

Según explicó la legisladora, quien también preside la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, la intención es que el enfoque de género deje de ser una medida aislada para convertirse en una herramienta de gestión pública que permita redistribuir equitativamente las actividades productivas y fortalezca la capacidad de acción de las mujeres dentro de las instituciones.

Una de las principales características de esta reforma es la obligatoriedad de la profesionalización, la iniciativa estipula que todo el personal de los tres poderes, organismos autónomos y ayuntamientos deberá acreditar un curso especializado en perspectiva de género impartido por la Secretaría de las Mujeres. 

Lejos de ser una capacitación opcional, este requisito se plantea como una condición para la permanencia y el ascenso en la función pública; de hecho, el incumplimiento de esta formación derivaría en sanciones administrativas. 

De esta manera, se busca sensibilizar a la burocracia estatal para que el diseño de las políticas públicas deje de subordinar las necesidades de las mujeres en las agendas políticas.

Para asegurar la viabilidad de esta transformación estructural, la propuesta contempla candados presupuestarios que obligan a asignar recursos específicos dentro del Presupuesto de Egresos para la ejecución de dichos programas formativos. 

Asimismo, dota de nuevas facultades a la Secretaría de las Mujeres para vigilar que la perspectiva de género se integre de forma efectiva en los procesos de planeación y programación de toda la administración estatal. 

Con este robustecimiento del marco normativo, la diputada Águila Lima apuesta por erradicar la discriminación institucionalizada y cimentar un modelo de servicio público libre de violencia, donde la igualdad de derechos sea el eje rector del desarrollo en Tlaxcala.

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