Tlaxcala, Tlax.,- Un ambiente de marcada polarización se apoderó este domingo de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, en el municipio de Chiautempan, donde el inicio de los trabajos para la construcción de un proyecto integral de salud del IMSS, que contempla una Unidad de Medicina Familiar y un Centro de Educación y Cuidado Infantil, derivó en una violenta confrontación entre autoridades y pobladores inconformes.
La situación alcanzó su punto más crítico cuando un grupo de habitantes, que se oponen a que el hospital se edifique en los campos deportivos locales, intentó impedir por la fuerza el ingreso de maquinaria pesada, provocando un enfrentamiento directo con elementos de la Policía Estatal.
Durante el altercado, que incluyó empujones, golpes y el lanzamiento de objetos, los uniformados se vieron obligados a utilizar gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y resguardar el predio.
En medio del caos, la agresión escaló hasta alcanzar al subrepresentante de Gobernación Federal en Tlaxcala, quien fue atacado físicamente por un grupo de inconformes, hecho que ha sido condenado por las autoridades y que ya es objeto de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que ha logrado identificar a al menos tres presuntos responsables.
Asimismo, trascendió la detención de manera extraoficial del presidente de comunidad, lo que avivó aún más el descontento de quienes exigen la liberación de su representante y la reubicación del proyecto.
El conflicto tiene raíces profundas, pues el terreno en disputa, de aproximadamente cinco hectáreas, fue expropiado en 1985 con el propósito de crear una unidad deportiva que nunca se concretó, lo que hoy sirve de bandera para los opositores que exigen una consulta previa y el respeto al destino original del espacio.
No obstante, existe una división marcada en la opinión pública de la zona: mientras un sector minoritario mantiene una postura radical, otros vecinos han alzado la voz para deslindarse de los actos violentos.
Este segundo grupo defiende el proyecto, argumentando que la obra ya contaba con el aval previo obtenido en asambleas comunitarias tanto en Ixcotla como en Santa Cruz Guadalupe, por lo que han solicitado a las autoridades que se privilegie el desarrollo de infraestructura de salud, se sancione a quienes promovieron la violencia y se permita la continuidad de las labores en beneficio de la mayoría.
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