Durante la conferencia presidencial "Mañanera del Pueblo", celebrada en Palacio Nacional este 14 de mayo de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la polémica causada por el famoso youtuber estadounidense MrBeast, quien grabó contenido en zonas arqueológicas protegidas de Chichén Itzá, en Yucatán, y Calakmul, en Campeche.
Frente a medios reunidos en el Salón de la Tesorería, Sheinbaum solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hacer pública toda la información relacionada con los permisos otorgados al influencer. “La información es que tenía permiso del INAH; que el INAH nos diga bajo qué condiciones se dio este permiso y, si se violó, qué sanciones aplican”, afirmó la mandataria.
MrBeast accedió a zonas restringidas: ¿hubo irregularidades?
El video de MrBeast, que acumula millones de visitas en YouTube, muestra al creador de contenido recorriendo áreas usualmente cerradas al público, lo que generó críticas en redes sociales. Usuarios denunciaron un posible trato preferencial, al tiempo que exigieron sanciones si se incumplieron normas de protección al patrimonio nacional.
Sheinbaum subrayó que cualquier grabación en sitios arqueológicos requiere autorización previa del INAH y aseguró que se revisará si el video respeta las condiciones legales del permiso.
INAH defiende grabaciones: no hubo daños al patrimonio
Ante la polémica, el INAH emitió un comunicado el pasado 12 de mayo, en el que aclaró que no se registraron daños al patrimonio durante las grabaciones de MrBeast. La institución detalló que los permisos fueron tramitados por la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos y se aplicaron los derechos conforme a la ley.
“Los recorridos se realizaron en áreas de acceso público y sin afectar el ingreso de visitantes. En todo momento hubo supervisión del personal del INAH”, precisó el organismo.
Grabaciones bajo vigilancia y sin afectaciones: INAH responde a críticas
El INAH reiteró que el equipo de producción del youtuber nunca ingresó a zonas fuera del acceso autorizado, y que todo el proceso fue supervisado para proteger el patrimonio arqueológico.
La controversia ha abierto un debate sobre los protocolos para permitir grabaciones en sitios históricos, especialmente cuando se trata de figuras influyentes que pueden tener mayor visibilidad, pero deben cumplir con las mismas reglas que cualquier ciudadano.
La opinión pública espera que el caso siente un precedente sobre transparencia y respeto a los bienes culturales de México.
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