Pablo, un agricultor que cultivaba maíz, frijol y calabaza, fue detenido en 2010 bajo acusaciones de homicidio durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
Oaxaca.- “Más de 5 mil días han sido un infierno, una injusticia y un abuso de poder”, denuncia Yolanda Pérez, esposa de Pablo López Alavés, defensor comunitario zapoteca encarcelado hace 14 años por proteger los bosques y el agua de San Isidro Aloapam, Oaxaca.
Pablo, un agricultor que cultivaba maíz, frijol y calabaza, fue detenido en 2010 bajo acusaciones de homicidio durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Aunque la sentencia fue ratificada en 2020, Yolanda asegura que la prisión de su esposo es un castigo por su lucha territorial.
Durante estos años, Yolanda ha enfrentado amenazas, acoso y racismo mientras exige justicia. Cada semana viaja tres horas para visitar a Pablo, quien ahora trabaja como artesano en el penal.
Pablo defendía los bosques sagrados de Ixtashuni, Talac-bi y Agua Molino, donde se extraía agua y madera sin autorización comunitaria. Pese a su encarcelamiento, la tala ilegal persiste, agravando la crisis ambiental de la región.
La criminalización de defensores indígenas no es un caso aislado en Oaxaca. Según Yesica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca, esta entidad lidera en procesos judiciales injustos contra activistas. A pesar de las pruebas que confirman la inocencia de Pablo, como testimonios de que estaba en otro lugar el día de los hechos, las autoridades han desestimado repetidamente los argumentos de defensa.
El Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association y organismos internacionales concluyeron que el caso de Pablo López Alavés vulnera principios básicos de justicia, incluida la presunción de inocencia.
Yolanda sigue luchando por la libertad de su esposo y por el derecho a defender el territorio, esperando que Pablo sea el último encarcelado por proteger la naturaleza en Oaxaca.