Después de más de tres años prófugo, finalmente fue localizado Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit entre 2005 y 2011.
Las autoridades confirmaron que el exmandatario se encontraba en un país de Norteamérica, donde ahora se realizan los trámites legales para lograr su extradición a México. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el objetivo es presentarlo ante tribunales nacionales para que enfrente las acusaciones que pesan en su contra.
La subfiscal Ludmila Heredia Verdugo confirmó que el exgobernador enfrenta una lista larga de señalamientos que abarcan tanto delitos del fuero común como del federal. Entre ellos destacan administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de documentos y fraude mediante actos simulados. Todo esto ha llevado a abrir un proceso que, aunque avanza, también se topa con retos jurídicos complejos.
Un proceso legal complicado: diferencias entre sistemas jurídicos
Uno de los mayores obstáculos para la extradición es el principio de “doble criminalidad”, requisito indispensable para que el país extranjero entregue a una persona solicitada por México. Esto implica demostrar que los delitos por los que se acusa a González también existen, con equivalencias claras, en la legislación del país donde fue ubicado.
El problema es que México opera bajo un sistema de derecho escrito, mientras que el país en cuestión se rige por derecho consuetudinario. Debido a esto, los despachos legales extranjeros han pedido aclaraciones detalladas sobre cada señalamiento. Aun así, la subfiscal aseguró que los expedientes están bien integrados y muestran avances significativos, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el exgobernador sea trasladado a México en los próximos meses.
Investigación patrimonial: millonarios desfalcos y uso de empresas fantasma
El corazón de las investigaciones apunta a un presunto desfalco ligado al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), creado para impulsar el desarrollo turístico en la Riviera Nayarita. Las autoridades señalan que hubo ventas irregulares de terrenos de playa, realizadas mediante contratos simulados y operaciones ilícitas que habrían beneficiado a particulares y empresas relacionadas.
La FGR mantiene activa la hipótesis de un “acto continuado”, lo que significa que las actividades ilícitas no se habrían limitado al gobierno de Ney González, sino que se extendieron hasta 2021, alcanzando también la administración de Roberto Sandoval Castañeda. Esta línea de investigación derivó en el Mega Operativo Nuevo Nayarit, mediante el cual se recuperaron 9.6 millones de metros cuadrados de predios, valuados en alrededor de 100 mil millones de pesos.
Además, la Fiscalía identificó el presunto uso de empresas fantasma para ocultar recursos, algunas de ellas vinculadas a familiares directos del exgobernador. Ahora, todo queda en manos del proceso internacional que definirá cuándo será su retorno para que finalmente comparezca ante la justicia mexicana.
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