La abogada Carmen Herrera, representante de la víctima, afirmó que las pruebas evidencian la responsabilidad del Estado en la violación, tortura y falta de atención médica a Ascencio.
Veracruz.- Los representantes de la familia de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl que murió el 26 de febrero de 2007 tras ser víctima de una violación tumultuaria presuntamente cometida por el Ejército Mexicano, solicitaron este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra el Estado mexicano por violencia sexual, tortura y omisión en la atención médica.
Audiencia ante la CorteIDH
En la audiencia realizada este jueves, la abogada Carmen Herrera, representante de la víctima, afirmó que las pruebas evidencian la responsabilidad del Estado en la violación, tortura y falta de atención médica a Ascencio.
“La omisión estatal de garantizarle atención médica adecuada y oportuna resultó en su muerte. Además, hubo falta de acceso a la información del caso y una investigación inadecuada que persiste en la impunidad”, expuso Herrera.
La demanda ante la CorteIDH, presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumenta que las autoridades desestimaron evidencia clave, archivaron indebidamente la investigación y presionaron a la familia para que desistiera de exigir justicia.
El caso de Ernestina Ascencio
Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007 en Tetlatzinga, Sierra Zongolica, Veracruz, cuando Ernestina Ascencio, de 73 años, salió a pastorear y fue encontrada horas después en grave estado por su hija. La mujer denunció que había sido violada por miembros del Ejército, pero su atención médica fue rechazada en cinco hospitales, hasta que finalmente falleció un día después.
La hija de la víctima, Martha Inés Ascencio, declaró en la audiencia en español y náhuatl, exigiendo justicia.
Durante la audiencia se presentó evidencia de que René Huerta, un intermediario del gobierno de Veracruz, intentó persuadir a la familia para no investigar el caso, ofreciéndoles un viaje a la Basílica de Guadalupe con todos los gastos pagados a cambio de su silencio.
Reconocimiento parcial del Estado mexicano
En representación del Estado mexicano, Jennifer Feller, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció parcialmente la responsabilidad del país.
“El Estado reconoce que no se cumplieron plenamente las obligaciones de garantizar los derechos a la vida y salud de la señora Ernestina, cuyas condiciones de vulnerabilidad debieron ser atendidas con prioridad”, declaró.
Feller admitió que hubo falta de acceso a servicios médicos oportunos y deficiencias en la investigación judicial, además de comprometerse a realizar una investigación independiente e imparcial, reparar el daño a la familia y tomar medidas para evitar la repetición de casos similares.