De nueva cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desistió de continuar una queja de oficio, en este caso relacionada con los hechos de violencia ocurridos en el estadio de futbol Corregidora, en Querétaro, para dejarlo en manos de la comisión local.
En un pronunciamiento, señaló que tras haber establecido contacto con la Defensoría de los Derechos Humanos del estado (DDHQRO) y “tomando conocimiento de las investigaciones que ésta viene integrando”, consideró que, por el momento, no se tienen elementos para continuar con el estudio de la queja que anunció el 6 de marzo pasado.
La CNDH agregó que es “respetuosa de las facultades y atribuciones de los organismos estatales de derechos humanos”, señalados en la Constitución, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así también lo es -indicó- “de la labor de las autoridades a las que corresponde la sanción de los hechos denunciados”.
Cabe recordar que el 19 de enero pasado, la CNDH desistió también de continuar con una queja de oficio sobre el hallazgo del cuerpo de un bebé de tres meses en un contenedor de basura en el Centro Penitenciario de San Miguel, Puebla. Lo anterior, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del estado le pidió no invadir su esfera de competencias.
En tanto sobre el caso Corregidora, la Comisión Nacional expuso que mantendrá comunicación con la DDHQRO, atenta a la realización de una investigación integral y exhaustiva que permita el esclarecimiento de los hechos, y asegure la justicia y la reparación de las víctimas. “Formamos parte del sistema no jurisdiccional, y como tal actuamos”.
Reiteró su preocupación por la posibilidad de que puedan repetirse hechos de violencia como los que ocurrieron en el estado Corregidora, en donde el 5 de marzo pasado se registró un enfrentamiento entre supuestas barras de aficionados de dos equipos de futbol.
“Aunque la Federación Mexicana de Futbol y los equipos deportivos, así como los estadios e instalaciones que se utilizan, son empresas privadas, no debe perderse de vista que el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que ésta cause alguna afectación a las personas”.