La resolución llegó después de casi cuatro años de proceso judicial. Dos elementos de la Guardia Nacional fueron declarados culpables por el asesinato del estudiante universitario Ángel Yael Ignacio Rangel y por el ataque armado contra otros dos jóvenes en Guanajuato.
El caso provocó indignación desde 2022 y se convirtió en uno de los episodios más delicados sobre el uso de la fuerza por parte de corporaciones federales en el estado. La decisión judicial también reactivó el debate sobre los operativos de seguridad contra civiles y la actuación de elementos armados.
Caso Ángel Yael: Guardia Nacional es declarada culpable en Guanajuato
Una jueza federal determinó la culpabilidad de dos agentes de la Guardia Nacional por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, derivados del ataque ocurrido el 27 de abril de 2022 en la comunidad de El Copal, en Guanajuato.
La resolución fue considerada histórica por representantes legales de las víctimas debido a que se trata de una de las primeras sentencias de este tipo contra integrantes de la corporación federal en la entidad.
Aunque la declaratoria de culpabilidad ya fue emitida, la condena definitiva se dará a conocer durante la continuación de la audiencia programada para este miércoles.
Así ocurrió el ataque contra los estudiantes
Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo en una camioneta Ford Ecosport blanca tras salir de una reunión de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato.
De acuerdo con las investigaciones, los jóvenes circulaban por la comunidad de El Copal cuando elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto. Posteriormente comenzó una persecución que terminó en un ataque armado.
Durante la agresión, Ángel Yael recibió un disparo en la cabeza, lesión que le provocó la muerte.
Edith Alejandra resultó herida en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo logró salir ileso.
El caso desató protestas estudiantiles, movilizaciones universitarias y exigencias públicas de justicia tanto en Guanajuato como en otras partes del país.
Un proceso judicial marcado por retrasos
Días después de los hechos, la Fiscalía General de la República consignó a los elementos identificados como Iván I. y Jesús Ángel A.G.
Sin embargo, el juicio enfrentó diversos retrasos debido a amparos promovidos por la defensa de los acusados. Esa situación prolongó el proceso judicial durante casi cuatro años.
Fue hasta finales del año pasado cuando concluyeron varios de esos recursos legales y la audiencia pudo retomarse meses después.
Durante el proceso, uno de los agentes permaneció detenido, mientras que el otro enfrentó el juicio en libertad, situación que también generó cuestionamientos entre familiares y representantes de las víctimas.
La posible condena y el debate que vuelve a abrirse
Los asesores jurídicos de las víctimas estiman que los responsables podrían recibir penas de entre 30 y 60 años de prisión.
Tras la declaratoria de culpabilidad, tanto la Fiscalía General de la República como la representación legal de las víctimas solicitaron la detención inmediata del agente que seguía en libertad para evitar riesgo de fuga. No obstante, la jueza rechazó esa petición.
“Hoy es un buen día para la comunidad universitaria”, expresó el asesor legal Juan Arredondo Rodríguez tras conocerse la resolución.
Más allá de la sentencia, el caso volvió a colocar bajo discusión pública la actuación de fuerzas federales en operativos civiles y el alcance de la rendición de cuentas dentro de las corporaciones de seguridad en México.