Más de mil ejidatarios de Huehuetoca, Estado de México, denunciaron posibles irregularidades en un procedimiento agrario relacionado con más de 65 hectáreas de terreno. El señalamiento principal apunta a una supuesta alteración en un Acta Circunstanciada utilizada dentro del proceso.
De acuerdo con su versión, el documento habría sido modificado para acreditar la presencia y representación de una de las partes interesadas durante una diligencia oficial. El caso ha generado fuerte preocupación entre familias que aseguran tener décadas e incluso más de un siglo vinculadas a esas tierras.
La denuncia pública coloca en el centro del debate la certeza jurídica de los procedimientos agrarios y la importancia de que toda actuación oficial quede debidamente documentada y verificada.
Qué ocurrió durante la diligencia señalada
Según los ejidatarios, el pasado 26 de marzo de 2026 se llevó a cabo una orden de ejecución instruida por autoridades del Tribunal Unitario Agrario Distrito 10, relacionada con la entrega de terrenos en el Ejido Huehuetoca.
Durante esa diligencia, representantes de los comuneros afirmaron que cuestionaron la falta de acreditación legal de quienes promovían la ejecución. También señalaron que firmaron el acta bajo protesta.
Otro punto que resaltaron fue que no se les permitió tomar fotografías del documento elaborado en el lugar, situación que incrementó sus dudas sobre el procedimiento.
Posteriormente, el 17 de abril de 2026, al revisar el expediente, indicaron que encontraron asentado en el acta que una persona identificada como Benigno Pérez Lizaur sí estuvo presente al final de la diligencia y recibió la tierra correspondiente.
La postura de los ejidatarios y lo que sigue
Los inconformes sostienen que esa versión no coincide con lo ocurrido y aseguran que cientos de asistentes pueden respaldar su postura. Incluso señalaron que en una asamblea realizada el 19 de abril de 2026 reiteraron de forma unánime que dicha persona no estuvo presente durante la ejecución.
Para los ejidatarios, el conflicto no solo trata sobre hectáreas, sino sobre patrimonio familiar, certeza jurídica y respeto a documentos históricos que, aseguran, poseen para acreditar derechos sobre la zona.
En este tipo de controversias, las siguientes rutas suelen incluir:
- Impugnaciones legales
- Revisión de actuaciones procesales
- Presentación de pruebas documentales
- Declaraciones de testigos
- Resoluciones de tribunales competentes
Lo más importante para la ciudadanía es que los conflictos de tierras requieren procesos transparentes y revisiones exhaustivas. Cuando existen versiones encontradas sobre documentos oficiales, serán las instancias legales las encargadas de determinar responsabilidades y definir el futuro del predio en disputa.