Familiares de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón exigieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJE) que otorgue la fecha de audiencia de apelación para Francisco Durán Ortiz, uno de los detenidos desde 2016.
En un escrito, denunciaron que tanto el TSJE como la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) han incurrido en una “dilación sistemática, hostigamiento y persecución arbitraria”, con el objetivo de que no obtengan su libertad, pese a no existir pruebas en su contra.
Es por eso que también exigieron a la Fiscalía de Oaxaca retirar todos los cargos fabricados a las personas privadas de su libertad y “perseguidas sin ningún verdadero sustento”.
Francisco Durán y otros indígenas mazatecos son acusados del asesinato de Manuel Zepeda Lagunas y de homicidio en grado de tentativa contra Elisa Zepeda, diputada local de Morena.
Sin embargo, estos indígenas mazatecos han sido catalogados como presos políticos o personas injustamente presas, según un estudio del Senado de la República publicado en diciembre de 2018, donde se les señala como víctimas de una “política criminal focalizada para fabricarles delitos”.
Ahora, los familiares explicaron que los expedientes con los cuales se acusó a alrededor de 40 personas, mujeres y hombres, se basaron en ocho testimonios contradictorios, inverosímiles y vacíos y en supuestos informes periciales llamados necropsias.
No obstante, aseguran que la perita médica que los elaboró nunca se presentó para ser interrogada por la Defensa.
A ella, desde el año 2016, se le convocó por medio de la Fiscalía de Oaxaca a contestar el interrogatorio de la Defensa.
Pero la Fiscalía dijo primero que no hubo viáticos para enviarla al interrogatorio y un mes después dijo que la perita ya no laboraba en esa Institución.
“Los meses siguientes que se convirtieron en años, se le pidió a la Fiscalía dar con el paradero de la perita, lo cual nunca ocurrió.
Simultáneamente, se le pidió a la Fiscalía nombrar peritos (as) sustitutos (as) para responder un interrogatorio relacionado con las necropsias”.
Después de dos años de insistencia, de peticiones formales vía juzgado, de manifestaciones pacíficas, y hasta amparos para provocar el actuar judicial y el actuar de la Fiscalía, se envió a un perito sustituto, pero solo lo hizo para un expediente a finales de 2018.
El resultado de ese interrogatorio (caso 02/2015) fue contundente porque quedaron expuestas las imprecisiones del relato acusatorio frente al análisis científico de la necropsia, por lo cual, es imposible dar por cierta la historia de un supuesto homicidio.
“En el caso 55/2014 la Fiscalía ha tenido la desvergüenza de posponer las diligencias de interrogatorio a su perito (a) múltiples veces, solo por citar las últimas fechas están: el 13 de junio de 2019, 27 de noviembre de 2019, 20 de febrero de 2020 y 23 de marzo de 2021”.
Ahora, denunciaron que la Fiscalía sin ningún aviso formal anticipado, argumentó que el perito tiene Covid-19, pese a que la semana pasada la propia Fiscalía afirmó tener en su bitácora el cumplimiento de acudir a esta diligencia.
“Estamos convencidas (os) que el actuar de la Fiscalía es doloso. Que hay injerencia externa con la firme intención de cometer y prolongar la dilación sistemática. De nada le servirá a la Fiscalía negar su actuar doloso, cuando nuestros testimonios vivos y los expedientes testifican sus cinco años de omisión, de obstaculización al proceso penal; y, por otro lado, el proceso penal le muestra las evidencias de inocencia de los presos con respecto a las acusaciones fabricadas”.