En un operativo coordinado entre elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y de la Policía Federal Ministerial (PFM)de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutó dos cateos en domicilios de Monterrey, Nuevo León mediante los cuales se logró la localización y rescate de 13 personas que eran mantenidas en cautiverio.
La investigación se inició el 25 de junio del presente año, con motivo del informe de la PFM, mediante el cual se hizo del conocimiento la denuncia de una persona, quien refirió el secuestro de cuatro miembros de su familia, los cuales salieron de El Salvador el 19 de junio de 2021, con la finalidad de trasladarse a los Estados Unidos de América.
Derivado del trabajo de investigación de gabinete y en campo coordinado por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), se obtuvo por parte de un Juez de control especializado la autorización para ejecutar diversas técnicas de investigación que permitieron ubicar un domicilio en Monterrey, Nuevo León, posiblemente utilizado como casa de seguridad para mantener cautivas a las víctimas.
Por lo anterior, el 27 de junio de 2021 elementos de la PFM se trasladaron al referido domicilio, donde tras la ejecución de un operativo de búsqueda y rescate, localizaron a cuatro personas que eran mantenidas en cautiverio, dos de ellas mujeres de 52 y 28 años, y dos menores de seis y dos años; todos originarios de la República de El Salvador.
Asimismo, en seguimiento a las líneas de investigación del caso, personal ministerial y elementos de la citada PFM ejecutaron orden de cateo autorizada por el Juzgado Segundo de Control Adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, para otro inmueble, éste ubicado en la colonia 10 de marzo, en Monterrey, Nuevo León, donde se logró la liberación de nueve víctimas en condiciones deplorables; cuatro de ellas originarias de Honduras, tres de Ecuador y dos de Guatemala, entre las que se encontraban cinco menores de edad.