Amnistía Internacional pidió declarar una emergencia nacional en México ante la crisis de desapariciones que enfrenta el país. La organización respaldó la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, mecanismo que abre una vía de revisión internacional frente a situaciones graves.
El llamado ocurre en medio de cifras alarmantes: más de 133 mil personas desaparecidas, además de 72 mil cuerpos sin identificar y niveles de impunidad que, según lo expuesto, alcanzan el 99.6 por ciento. Para la organización, estos datos reflejan una problemática estructural que requiere decisiones inmediatas, coordinación institucional y resultados verificables.
La petición también busca colocar el tema en el centro del debate público y acelerar respuestas del Estado mexicano en materia de búsqueda, identificación forense, justicia y atención a familias.
Colectivos, fosas y una crisis acumulada por años
La dimensión del problema también se observa en el trabajo ciudadano. Actualmente existen 2 mil 341 colectivos de familias buscadoras, integrados por personas que han salido a rastrear pistas, exigir investigaciones y acompañarse mutuamente ante la falta de respuestas.
Amnistía Internacional también mencionó el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas, además de señalar que desde 2006 se concentra la gran mayoría de los registros actuales de personas desaparecidas y no localizadas.
Entre los puntos que más preocupan están:
- Insuficiencia en investigaciones y procesos judiciales
- Rezago forense e identificación de cuerpos
- Riesgos para familiares y personas buscadoras
- Falta de acceso oportuno a información pública
- Necesidad de coordinación entre autoridades
La organización considera que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis prolongada que exige una respuesta de Estado sostenida y medible.
Las exigencias y el foco en las familias buscadoras
En su posicionamiento, Amnistía Internacional pidió acciones concretas. Entre ellas, reconocer la crisis como emergencia nacional, establecer metas claras, fortalecer la protección a colectivos y aceptar asistencia técnica internacional para mejorar capacidades de justicia y búsqueda.
También alertó sobre los riesgos que enfrentan especialmente las mujeres buscadoras, quienes en distintos contextos han denunciado amenazas, agresiones y obstáculos mientras realizan labores que muchas veces deberían corresponder plenamente a las instituciones.
El mensaje central es claro: sin combate a la impunidad, sin protección a las familias y sin una estrategia integral, la crisis seguirá creciendo. El debate ahora se centra en cómo responder con medidas efectivas y con resultados reales para miles de personas que siguen esperando respuestas en México.