Una nueva noche de ira en Colombia ha dejado escenas de guerra urbana entre manifestantes y policías en las que se cuenta al menos un muerto.
El suicidio de una menor que denunció que cuatro antidisturbios abusaron de ella durante un arresto el día anterior provocó que una muchedumbre se concentrara frente a una comisaría y quemara un puesto policial de barrio donde supuestamente se cometió el acoso. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos, tanques con chorros y cohetes aturdidores para dispersar a la masa. La madrugada de Popayán estuvo iluminada por los fuegos de los edificios que ardían.
La situación se descontroló hasta tal punto que el presidente, Iván Duque, anunció que enviaba de inmediato a esa ciudad del sureste del país a sus ministros de Defensa e Interior. “Para que lideren el restablecimiento del orden público en la ciudad. Frente a lamentables hechos relacionados con joven fallecida, de 17 años, es imperativo adelantar investigación exhaustiva”, escribió Duque en tono telegráfico en sus redes sociales. Por la mañana había viajado desde Bogotá una fiscal especializada en menores para investigar el caso de la chica que se quitó la vida.
La joven fue detenida el miércoles por cuatro policías. Una manifestante grabó cómo la llevaban a la fuerza, en volandas, a una comisaría de proximidad. Ella les gritó durante el camino que le estaban tirando del pantalón. Su abuela la recogió a las 22.51. Según el jefe de policía, en óptimas condiciones. De acuerdo con una abogada que acompaña a la familia y la asesora, la adolescente estaba nerviosa, amoratada y sufría una crisis de ansiedad. En su casa la joven escribió un mensaje en redes sociales en el que acusaba a los agentes de haberla detenido de forma arbitraria, cuando ni siquiera protestaba. Asegura que se dirigía a casa de un amigo cuando se vio en medio de los disturbios. A la mañana siguiente se quitó la vida.
La noticia del suicidio enardeció aún más los ánimos. Organizaciones feministas rodearon las dependencias policiales exigiendo que se esclareciera el caso. Otra multitud se congregó frente al instituto de medicina legal, donde se le practicó una autopsia al cadáver. Los resultados todavía no le han sido entregados a la familia. La adolescente, que fue velada este viernes, era hija de un policía. A medida que pasaba el día los enfrentamientos con la policía se recrudecieron. “Aquí fuera hay una verdadera guerra”, contó por teléfono Lizeth Montero, abogada de derechos humanos que sigue el caso, resguardada en un edificio.
En la refriega murió un manifestante, Sebastián Quintero Munera, de 22 años, después de que le impactara en el cuello una bomba aturdidora del escuadrón antidisturbios, según se observa en diversos videos que inundaron las redes sociales. Los antidisturbios no cargan armas letales, pero las que llevan, lanzadas de cerca, pueden llegar a serlo. La identidad de la víctima fue confirmada por la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Ya han muerto al menos 43 personas durante las protestas contra el Gobierno que han paralizado el país desde hace dos semanas.
El caso de la adolescente incendió Popayán. Decenas de manifestantes llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía para reclamar justicia y lanzaron bombas molotov contra el edificio. “Condenamos el ataque a Medicina Legal en Popayán. Urge proteger evidencias forenses que allí se encuentran y que son fundamentales para búsqueda de desaparecidos, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Los funcionarios que se encuentran a salvo, les expresamos nuestra solidaridad”, alertó en sus redes sociales Juliette de Rivero, la representante en Colombia de la alta comisionada.
Popayán es la capital del Cauca, una región golpeada por múltiples violencias, con una geografía quebrada que hace costoso y difícil para el Gobierno establecer una presencia permanente. A menudo se dice que Colombia tiene más territorio que Estado. Allí confluyen conflictos sociales, económicos y culturales históricamente no resueltos, lo que ha provocado que las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas tengan una relación de desconfianza con las autoridades.
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