Las pandillas de Haití han sido financiadas desde hace tiempo por poderosos políticos y sus aliados, y muchos de ellos sienten que están perdiendo el control de los grupos armados que cada vez son más fuertes y que han desplazado a miles de personas de sus viviendas mientras libran luchas territoriales, matan civiles y allanan almacenes de comida.
La intensificación de la violencia de pandillas podría agravarse y también amenaza con complicar los esfuerzos políticos para que la nación se recupere del asesinato del presidente Jovenel Moïse cometido el pasado 7 de julio. El gobierno de Haití está desorganizado: no hay Parlamento, ni presidente, existe una disputa en torno a quién es el primer ministro y su cuerpo policial es débil. Sin embargo, las pandillas parecen estar más organizadas que nunca.
Aunque la violencia se ha concentrado en la capital, Puerto Príncipe, ha afectado la vida en todo el país, paralizando la frágil economía, cerrando escuelas, abrumando a la policía e irrumpiendo las labores para luchar contra la pandemia de covid-19.
"El país está transformado en un amplio desierto en el que los animales salvajes nos engullen”, dijo la Conferencia Haitiana de Religiosos en un comunicado emitido recientemente en el que denunció el aumento de la delincuencia. “Somos refugiados y exiliados en nuestro propio país”.
Las pandillas han robado miles de sacos de azúcar, arroz y harina, además de que han saqueado y quemado casas en la capital. Ello ha provocado que miles de personas busquen refugio en iglesias, campos y en un gimnasio, donde el gobierno y los donantes internacionales batallan para alimentarlos y encontrarles alojamiento a largo plazo.
Entre los desplazados hay personas con discapacidad que se vieron obligadas a huir el mes pasado, cuando las pandillas prendieron fuego a un campamento donde se habían asentado luego de resultar heridos en el catastrófico sismo de 2010.
"Corría por mi vida en el campo con estas muletas”, dijo Obas Woylky, quien perdió una pierna en el sismo.
Woylky era una de las más de 350 personas hacinadas en una escuela convertida en refugio improvisado.
El temor de los conductores a quedar atrapados en un fuego cruzado o algo peor ha paralizado casi por completo las conexiones comerciales, elevando los precios, retrasando el transporte de alimentos y combustible y obligando a las organizaciones internacionales a cancelar programas que incluían la distribución de efectivo a más de 30 mil personas, según un informe del 1 de julio de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
La agencia informó que más de un millón de personas necesitan ayuda y protección humanitaria inmediata.
Y la economía en general no ayuda. La ONU dijo que el precio de una canasta básica aumentó 13% en mayo respecto de febrero, y que la inversión directa extranjera cayó más de 70% de 2018 a 2020. Eso se refleja en menos empleos y una mayor pobreza en una nación en la que 60% de la población gana menos de 2 dólares al día y 25% menos de un dólar diario.
Muchos también temen que las pandillas puedan perturbar las elecciones programadas en septiembre y noviembre, las cuales son cruciales para restablecer el funcionamiento de los poderes legislativo y ejecutivo, que agonizan tras el magnicidio.
AFIRMAN QUE EXFUNCIONARIO ORDENÓ MATAR AL PRESIDENTE
La policía colombiana identificó ayer al exfuncionario haitiano Joseph Félix Badio como el responsable directo de ordenar a dos mercenarios colombianos matar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, cuando el plan inicial era capturarlo.
Badio se había reunido con ambos exmilitares para decirles que su misión era arrestar a Moïse, pero tres días antes de la supuesta operación de captura les dijo que “lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití”, señaló el general Jorge Luis Vargas, jefe de la policía colombiana que coopera en la investigación del magnicidio.
La investigación aún no determina si Badio actuó siguiendo órdenes ni los motivos por los cuales se decidió matar al líder haitiano.