Comprar una vivienda mediante un traspaso informal de crédito Infonavit puede parecer una solución rápida y económica, sobre todo cuando se ofrecen pagos mensuales más bajos.
Sin embargo, este tipo de acuerdo implica riesgos legales y financieros importantes que muchas personas desconocen hasta que ya están involucradas.
El principal problema es que el crédito Infonavit es personal e intransferible. Aunque el acuerdo se firme ante notario, el instituto no reconoce el traspaso, por lo que el titular original sigue siendo el único responsable del crédito. Esto deja al comprador en una posición muy vulnerable, ya que legalmente no es dueño de la vivienda ni tiene protección ante posibles conflictos.
Riesgos graves para el comprador que pueden terminar en fraude
Uno de los mayores peligros para quien compra bajo este esquema es la falta total de certeza jurídica. La escritura permanece a nombre del titular original, lo que significa que el comprador no tiene derechos legales sobre la propiedad, incluso si ha pagado durante años.
Además, el Infonavit solo reconoce al titular original como responsable del crédito. Si surgen problemas, demandas o embargos, el comprador no tiene manera legal de defender su inversión. A esto se suma el riesgo de fraude, ya que existen casos donde una misma casa es “traspasada” a varias personas. Como el organismo no registra estos acuerdos, varios compradores pueden perder su dinero sin posibilidad de reclamar la propiedad.
Consecuencias para el vendedor y la opción segura recomendada
El vendedor tampoco está libre de problemas. Aunque ya no viva en la casa, sigue siendo responsable del crédito ante el Infonavit. Si el comprador deja de pagar, el titular enfrenta daños en su historial crediticio, problemas legales y posibles embargos. Además, mientras el crédito esté activo, no puede solicitar otro financiamiento, lo que limita su futuro financiero.
La alternativa más segura es la compraventa formal con pago de pasivos, recomendada por el propio Infonavit. En este proceso, el comprador liquida el crédito existente y la vivienda queda legalmente a su nombre, garantizando certeza jurídica, protección legal y acceso a futuros créditos. Antes de tomar cualquier decisión, informarse y asesorarse correctamente puede evitar pérdidas económicas y años de problemas legales.