La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la aprehensión de Ulises N., señalado por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada en agravio de una adolescente.
Esta detención se consiguió en coordinación con autoridades de Guanajuato y representa el segundo arresto relacionado con hechos cometidos contra la misma víctima.
Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre, cuando la menor, de apenas 11 años, acudió al domicilio de un vecino en Pahuatlán para buscar a su hermano menor. Ahí, según la investigación, el hoy detenido presuntamente la agredió sexualmente y la amenazó para evitar que contara lo sucedido. El caso generó una movilización inmediata por parte de la Fiscalía para integrar pruebas sólidas.
Cómo avanzó la investigación y las acciones para detener al sospechoso
Para integrar la carpeta, la FGE conformó un equipo interdisciplinario con especialistas en trabajo social, medicina, psicología y un traductor de la región, debido al contexto cultural y lingüístico de la zona. Esto permitió recabar testimonios y elementos clave con respeto pleno a los derechos de la víctima.
Una vez que se obtuvo el mandato judicial, agentes investigadores ubicaron al sospechoso en Guanajuato. Tras una coordinación operativa entre ambas entidades, se logró su detención y traslado a Puebla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente. La captura refuerza la línea de investigación que ya había llevado a otro detenido semanas antes.
Un caso que sigue avanzando y que reafirma el compromiso de la FGE
Por estos mismos hechos, el pasado 28 de noviembre fue detenido Eduardo N., quien ya está vinculado a proceso por su presunta participación en la agresión. Con la captura de Ulises N., la Fiscalía avanza en esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.
La institución, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, reiteró que mantiene su compromiso de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente en delitos donde se vulnera su integridad y sus derechos. Este caso es un ejemplo de cómo la coordinación entre estados y la actuación técnica puede marcar diferencia en la búsqueda de justicia.
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