La condena de 60 años de prisión por secuestro agravado en Tehuacán marca uno de los fallos más severos emitidos recientemente por autoridades judiciales en Puebla. La resolución fue obtenida por la Fiscalía General del Estado tras acreditar la participación de una mujer en la privación ilegal de la libertad de una víctima ocurrida en 2019.
El caso, que se prolongó durante varios años desde la investigación inicial hasta la sentencia definitiva, concluyó con una resolución que también contempla una sanción económica superior a los 422 mil pesos.
Sentencia por secuestro agravado en Tehuacán
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que obtuvo fallo condenatorio en contra de Juana N., al demostrar su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Tehuacán.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue vista por última vez el 30 de mayo de 2019 cuando acudió a una institución bancaria ubicada en la plaza comercial Paseo Tehuacán. Tras su desaparición, familiares desconocieron su paradero durante varias semanas.
Exigieron medio millón de pesos para liberar a la víctima
El 12 de julio de 2019 comenzaron a recibirse mensajes dirigidos a los familiares de la víctima. En ellos, los responsables exigían 500 mil pesos a cambio de su liberación.
Con el objetivo de proteger la integridad de la persona privada de la libertad, los familiares acordaron entregar 300 mil pesos, cantidad que fue proporcionada durante las negociaciones con los captores.
Las diligencias realizadas por la Fiscalía permitieron identificar la presunta participación de Juana N. en los hechos, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada el 9 de septiembre de 2019.
Las pruebas presentadas fueron determinantes
Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad de la acusada.
Como resultado, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio el 28 de mayo de 2026, determinando que existían pruebas suficientes para establecer su participación en el delito de secuestro agravado.
La pena incluye prisión y sanción económica
Posteriormente, durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada el 4 de junio de 2026, la autoridad judicial impuso una pena de 60 años de prisión.
Además, la sentenciada deberá cubrir una sanción pecuniaria superior a 422 mil pesos y recibió una amonestación pública. La autoridad también dejó a salvo los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material y moral en la etapa de ejecución de sentencia.
Un caso que concluye siete años después
La resolución judicial representa el cierre de un proceso que inició con la desaparición de la víctima en 2019 y que avanzó mediante labores de investigación, integración de pruebas y litigación por parte de la Fiscalía.
La institución señaló que continuará fortaleciendo las acciones para combatir los delitos que atentan contra la libertad de las personas, así como garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
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