La sentencia por un homicidio ocurrido en Zacapala ya no podrá ser modificada. Tras la revisión del caso, un tribunal confirmó la condena de 29 años de prisión impuesta a un hombre hallado culpable de privar de la vida a otra persona con un disparo de escopeta.
La resolución pone fin a una etapa judicial que se extendió desde los hechos ocurridos en febrero de 2023 y representa un paso definitivo en el proceso de acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.
Sentencia firme por homicidio calificado en Zacapala
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que obtuvo la confirmación de la sentencia condenatoria contra Jesús Bravo N., responsable del delito de homicidio calificado cometido en el municipio de Zacapala.
Con la determinación emitida por el Tribunal de Alzada, la condena quedó firme para todos los efectos legales y se ordenó su ejecución.
Un ataque que ocurrió en plena vía pública
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2023 en la intersección de las calles Corregidora y Abasolo, en la Segunda Sección de Zacapala.
Las pruebas presentadas durante el juicio establecieron que el ahora sentenciado se acercó a la víctima y le disparó con un arma de fuego tipo escopeta. La agresión provocó una lesión en el tórax que derivó en su fallecimiento.
Las pruebas que sostuvieron la acusación
La carpeta de investigación integró diversos elementos que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.
Entre las evidencias destacaron testimonios presenciales, estudios periciales en criminalística, medicina forense y balística, además del aseguramiento del arma utilizada durante la agresión.
Según la Fiscalía, estos elementos fueron presentados y desahogados ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que consideró acreditada la participación del responsable en el homicidio.
La apelación no cambió el resultado
Aunque la defensa promovió un recurso de apelación para buscar la modificación de la sentencia, el Tercer Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó íntegramente la resolución emitida en primera instancia.
Con ello, permanecen vigentes la pena de 29 años de prisión, el pago por reparación del daño material y moral, así como la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.
La resolución representa el cierre judicial de un caso que se originó hace más de tres años y que ahora cuenta con una condena definitiva respaldada por las instancias correspondientes del sistema de justicia poblano.
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